La Superintendencia de Educación Superior entregó un lapidario informe de investigación en la Universidad de Aysén, el que constató problemas de gestión administrativa, financiera y académica, ausencia de mecanismos de control internos, desempeño financiero deficitario a lo largo de los últimos cuatro años, y un deterioro significativo en la posición patrimonial.

La investigación fue encargada a mediados de este año tras percatarse de su precaria situación, y señaló además, que el déficit alcanzará los 2.500 millones de pesos para diciembre de este año.

El informe también concluyó que las medidas informadas por la institución en su Plan de Contingencia, no han sido suficientes y que infringen la legislación laboral.

A pesar de lo anterior, el subsecretario de educación superior, Víctor Orellana, aseguró que la Universidad de Aysén no cerrará y que representa un anhelo de esa región.

Agregó que impulsarán una agenda de modernización en materia de gestión, financiamiento y desarrollo académico.

Jeanette Soto, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Académicos de la Universidad de Aysén se declaró consternada con estos antecedentes, confirmó que este viernes fueron desvinculados 50 trabajadoras y trabajadores y aseguró que están preocupados por su continuidad económica de la casa de estudios.

La diputada de Renovación Nacional por la región de Aysén, Marcia Raphael, señaló que es necesario intervenir en el plantel, mientras que la diputada del Partido Humanista, integrante de la comisión de Educación, Mónica Arce, lamentó que se juegue con los estudiantes.

A través de un comunicado, el rector de la Universidad de Aysén, Enrique Urra, catalogó el proceso de despidos como “doloroso” e anunció que se inició a un procedimiento disciplinario “que busca establecer responsabilidades respecto de estos hechos”.