La batalla de Puyuhuapi: poblado de Aysén se moviliza contra la instalación de una salmonera

Una mañana de fines de agosto, el pueblo de Puyuhuapi, en la región de Aysén, despertó con la sorpresa de que durante la noche habían sido instaladas jaulas salmoneras en la bahía, a unos 500 metros de la localidad. El poblado de solo 700 habitantes, enclavado en la parte norte de un tranquilo fiordo y rodeado de la exuberante belleza de los bosques de la Patagonia chilena, vive principalmente del turismo.

“Esto da mala imagen. Los turistas quieren venir a un lugar prístino y es sabido que las salmoneras contaminan. Si salen en kayak y pasan al lado, se podría sentir hasta el olor. Y, además, está la contaminación visual en una bahía de naturaleza virgen en que ahora van a encontrar piscicultura en la playa”, dice Luisa Ludwig a Deutsche Welle (DW).

Ella es descendiente de uno de los fundadores de este pueblo remoto. Fueron cuatro aventureros alemanes quienes, en 1935, se instalaron en este rincón de sobrecogedores paisajes, entre los que dominan ventisqueros, montañas, canales y bosques. Dejaron su sello en la arquitectura, la gastronomía y la cultura, en la fábrica de cerveza y la de alfombras Hopperdietzel, y formaron una comunidad que mezcla tradiciones chilenas y alemanas.

Este microcosmos único es el que hoy buscan proteger autoridades y organizaciones locales, como la junta de vecinos y el sindicato de pescadores, entre otros. “Antes, la gente creía que por el trabajo y el progreso no importaba la contaminación, pero los vecinos tenemos otra postura. Tenemos un legado para las futuras generaciones y hay que protegerlo”, señala Pamela Rodríguez, presidenta del Consejo de la Cultura de Puyuhuapi.

Normas en disputa

La empresa Salmones de Chile tiene una concesión de 6,5 hectáreas en plena bahía, lo que legalmente la faculta a instalar sus balsas jaula para la producción de salmones. Esta concesión fue entregada en 1998, antes de que se dictara la normativa que exige presentar un estudio de impacto ambiental. “Bajo la legalidad vigente, esta salmonera jamás sería aprobada”, apunta Luisa Ludwig.

En 2004, el borde costero fue declarado legalmente “prioritario para el desarrollo turístico” y “zona no apta para la piscicultura”, relata Ludwig, quien es autora del libro sobre la historia del lugar “Puyuhuapi: curanto y kuchen”. Sin embargo, la concesión para la explotación en una parte de esta bahía sigue vigente. De hecho, la empresa funcionó por unos siete años, hasta 2014, y el pueblo pensó que no regresaría.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Con manifestaciones por tierra y mar, la última con botes y kayaks por la bahía, exigen que la empresa se retire y las autoridades le quiten la concesión que, estiman, debiera haber caducado. Representantes de Salmones de Chile acudieron a la zona y se reunieron con líderes de la comunidad. “Pero no se transó nada. Lo único que queremos es que se vayan”, subraya Rodríguez. Deutsche Welle tomó contacto con una representante de la compañía, pero esta declinó hacer declaraciones.

“El problema fue que actuaron a espaldas de todos, de noche. Hubo una mala coordinación e información para la comunidad. Se suponía que ese centro no iba a operar”, dice a DW el alcalde Francisco Roncagliolo, de la comuna de Cisnes, a la que pertenece Puyuhuapi. El jefe comunal está apoyando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.

La intención de la salmonera no sería instalarse definitivamente, sino hacer un “uso de soberanía” de manera temporal, para no perder esta concesión, que es un activo de la empresa. Si no entraban en funcionamiento antes de septiembre, habría caducado. Una solución sería relocalizarla en otro sector más apto. “Para la empresa tampoco sería viable operar aquí, técnicamente, no permite sostener una cantidad importante de peces”, indica Roncagliolo.

Falta de regulación

“La industria salmonera genera diversos impactos en el ecosistema, partiendo por el gran input de materia orgánica y los productos químicos que se usan para garantizar la salud de los peces. Pero también está el tránsito de motores con los respectivos combustibles o el ruido ambiental marino que puede afectar zonas de anidación de cetáceos”, señala a DW Romanet Seguel Rojas, bióloga marina y oceanógrafa, cofundadora de la Fundación AyCiencia.

La bahía de Puyuhuapi, ubicada en la cabeza de un fiordo, es además una zona especialmente crítica, pues el agua no se renueva con la rapidez con que ocurre en lugares con corriente. “La tasa de renuevo puede ser de unos 500 días. Todo lo que uno instale o le entregue a este sistema tiene mayor tendencia a quedar retenido que a salir del área”, explica la científica, que investiga esta zona.

Esto favorece la formación de microalgas, aumento de zooplancton y disminución de oxígeno, lo que se relaciona con muertes masivas de peces, como se ha observado en sectores cercanos. Por lo mismo, la bahía de Puyuhuapi tampoco sería conveniente para los intereses de producción de la empresa salmonera, afirma esta bióloga.

En opinión de Ludwig, la presencia de salmoneras fuera de la bahía ha dejado huella: “Aquí todavía crecen choritos, cholgas y otros mariscos, pero afuera de la bahía, por la proliferación de algas, los bivalvos se mueren. Del banco de almejas está todo muerto, no queda nada para nuestros pescadores.”

La comunidad teme que la empresa pueda llevar alevines para iniciar operaciones, aunque sea por poco tiempo. “Cuando funcionó hace unos años, en el muelle ya no se veía el fondo del mar, estaba medio amarillento. Se nota a simple vista la contaminación y se extendería al resto de la bahía”, sostiene Ludwig. “Como es una zona donde todo tiende a quedar retenido, la implicación para los habitantes es muy alta, sin contar ni siquiera el costo ambiental”, advierte Seguel Rojas.

Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón. Este caso es ilustrativo de una industria que es una importante fuente de ingreso y trabajo en la zona, pero que también es cuestionada por su impacto ambiental y problemas de regulación, con normas contradictorias y con variados estamentos del Estado involucrados y no siempre coordinados.

“El estudio de estas áreas es reciente y la normativa es muy antigua. Hay que regular, mover ciertas concesiones hacia lugares donde el impacto sea menor y evitar ponerlas donde hay comunidades en peligro. Ese es un trabajo pendiente y muy importante que hacer entre la comunidad y la industria”, subraya la oceanógrafa.