La Corte de Apelaciones de Coyhaique resolvió decretar la prisión preventiva del prefecto de Aysén, coronel Pablo Capetillo, acusado de ocultar evidencia audiovisual que exculpaba a un manifestante detenido el 6 de noviembre por maltrato de obra a carabinero.
Ese día un grupo de alrededor de 200 estudiantes se enfrentó con una unidad de Fuerzas Especiales a cargo del coronel Capetillo, en la intersección de calle Ogana con Campo Alegre de Coyhaique.
En ese contexto, un sargento terminó con tres piezas dentales menos tras recibir el impacto de una piedra por parte de un manifestante.
Considerando la gravedad de la agresión, los uniformados intentaron dar con el responsable, deteniendo a Martín Sanhueza Mascareño acusándolo por el maltrato de obra a carabinero.
No obstante, todo el episodio había sido grabado por el propio Capetillo con su celular, quien además ordenó a algunos de sus subalternos hacer lo mismo.
Luego de la detención de Sanhueza, ese mismo día el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros analizó todos los registros audiovisuales, informando al prefecto que existía evidencia que exculpaba al detenido.
Dos de los videos -uno grabado justamente por el coronel- mostraban que la persona que lanzó la piedra que hirió al sargento era una distinta a la que fue detenida.
A pesar de eso, el alto oficial ordenó ocultar dichos registros y no adjuntarlos al número único de evidencia ni al Informe Pericial de Análisis e Imágenes incorporado al parte policial del detenido, quien al día siguiente fue formalizado y puesto en prisión preventiva.
El mismo día 6 de Noviembre, a las 20:00 horas, el coronel Capetillo prestó declaración en calidad de testigo, la que fue adjuntada al parte policial de la Primera Comisaría de Carabineros de Coyhaique, en la cual sindicó a Martín Sanhueza Mascareño como quien había lanzado la piedra que impactó al sargento, describiendo además detalladamente las ropas del imputado detenido.
Días más tarde, la Fiscalía obtuvo mediante una orden judicial los videos que habían sido ocultados por orden de Capetillo, solicitando de inmediato dejar sin efecto la cautelar que pesaba en contra de Sanhueza.
Con los nuevos antecedentes, el Ministerio Público -liderado en la zona por el fiscal regional, Carlos Palma– el lunes 25 de noviembre formalizó al alto uniformado por el delito de obstrucción a la investigación calificada.
El órgano persecutor pidió la prisión preventiva del coronel de Carabineros, lo que no fue acogido por el juez de Garantía, Mario Devaud, quien decidió ordenar sólo su arraigo nacional por los 4 meses de plazo investigativo.
Sin embargo, la Fiscalía decidió apelar a esta resolución ante el Tribunal de Alzada de la región de Aysén, instancia que acogió la solicitud de dejar en prisión al uniformado.
“La única medida cautelar personal que puede asegurar a la sociedad, a la tranquilidad de la región y también a el éxito a las diligencias de investigación era la medida cautelar de prisión preventiva del señor Capetillo”, indicó tras la audiencia el fiscal Palma.
Precisamente esos fueron los argumentos que entregó la Corte para justificar la imposición de la cautelar más gravosa contemplada por la ley chilena.
Con todo, el prefecto Capetillo deberá pasar el resto del periodo de investigación recluido en una unidad policial.
Por su parte, Sanhueza Mascareño está siendo investigado ahora sólo por el delito de desórdenes públicos en el contexto de las manifestaciones sociales.