Después de casi nueve horas de reunión, el Ministerio de Educación y las comunidades educativas de Atacama alcanzaron un protocolo de acuerdo que deberá ser validado por las bases del profesorado.
Lo anterior, tras la visita a Santiago de casi un centenar de profesoras y profesores, asistentes de la educación y apoderados, que llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregarle una carta al presidente, Gabriel Boric, en el que le piden que se garanticen las condiciones habilitantes para volver a clases.
Entre los puntos se acordaron, coordinar un monitoreo conjunto de las condiciones habilitantes para lograr un mejoramiento de los establecimientos, retornar las clases próximamente, generar un plan de acompañamiento pedagógico, y habilitar recursos en materia de inversión e infraestructura en el corto, mediano y largo plazo.
Además, la cartera destinará a trabajadores y trabajadoras, a través de un mecanismo específico, con dedicación exclusiva para reforzar el trabajo del servicio local.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también anunció que visitará la zona.
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El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, ratificó que el protocolo de acuerdo será votado por las bases del magisterio en la región y valoró la apertura del Ministerio en materia de recursos.
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Ante la crisis, los senadores de la comisión de Educación solicitaron una audiencia con el presidente, Gabriel Boric, y le solicitaron pausar la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación.
Así lo indicó el presidente de esa instancia, el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, y la senadora de la Democracia Cristiana por Atacama, Yasna Provoste.
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El plan pedagógico de retorno a clases en Atacama será conocido una vez que se acepte la propuesta por parte del profesorado.
Fuentes de La Radio han confirmado que la recientemente nombrada como directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Atacama, Ximena Sanhueza, presentó licencia médica por 15 días, en medio de la crisis en la zona.
Recordemos que sus hijas, Constanza Ardiles Sanhueza y Francisca Ardiles Sanhueza, han sido cuestionadas por contrataciones esporádicas en cargos y sueldos parecidos en esa entidad.
Según consignó Ciper, en 2022 se les pagó con recursos de subvenciones escolares, la que no puede destinarse a pagar sueldos administrativos, y en febrero de este año, sus recontrataciones no fueron aprobadas por la dirección de presupuestos.