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En la auditoría del Ministerio de Educación se indica que los pagos objetados responden a un desvío de $741 millones de la subvención general y más de $7 millones en la subvención escolar preferencial.
En medio de la crisis educativa, la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación nombró a Ximena Sanhueza como directora ejecutiva (s) del SLEP de Atacama.
Recordemos que los estudiantes de la región llevan más de 60 días sin clases a raíz del paro docente en la zona. Esto, ya que acusan negligencias en la administración de los establecimientos de educación y también cuoteo político.
Pese al nuevo nombramiento, las problemáticas al interior del Servicio Local de Educación Pública continúan. Esto porque, según consignó Ciper, dos hijas de la nueva directora Ximena Sanhueza están en el listado de pagos objetados.
Lista de pagos objetados incluye a 40 funcionarios
Lo anterior, según una auditoría del Mineduc que reveló irregularidades en sueldos que fueron objetados por ser pagados con recursos de subvención escolar y que, recordemos, están destinados a otras cosas.
Las hijas de la directora, Francisca Ardiles Sanhueza y Constanza Ardiles Sanhueza, han ingresado y salido de la nómina de pagos en tres ocasiones distintas.
En el año 2021 ingresaron como “personal de apoyo” a honorarios y en 2022 -ambas- a contrata. Posteriormente, desaparecieron de los registros y reaparecieron nuevamente este año.
En específico, en febrero de 2023. La reincorporación fue cuestionada, pues fue algo no autorizado por el Ministerio de Hacienda a través de la Dipres.
En la instancia, el 1 de febrero de 2023, las hermanas Francisca y Constanza ingresaron a trabajar en la Unidad de Gestión de Personas, con grado 11 y una remuneración de $2.047.779 cada una.
Según los registros, Francisca Ardiles Sanhueza es ingeniera en administración de empresas, aunque en nóminas anteriores también figura como ingeniera comercial. En tanto, su hermana Constanza Ardiles Sanhueza es ingeniera civil industrial.
Dicha nómina de pagos, en la que hay alrededor de 40 funcionarios, ya está en manos del Ministerio Público y corresponde a un antecedente de una investigación por el delito de fraude al fisco.
La auditoría del Ministerio de Educación
En la auditoría, además, se establece que durante el pasado año de 2022, sólo se ejecutó un 38% del Fondo de Recuperación de la Educación Pública que estaba destinado a la mejora en la infraestructura en las escuelas.
Además, se indica que los pagos objetados responden a un desvío de $741 millones de la subvención general y más de 7 millones de pesos en la subvención escolar preferencial.
Em concreto, el documento revela que dichos recursos están contemplados para un “objetivo distinto definido en la norma”.
