Luego que el Ejecutivo detectara graves irregularidades en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, la Fiscalía de Copiapó abrió una investigación por posibles delitos económicos.
Cabe mencionar que ayer, las profesoras y profesores de 46 colegios de esta zona ratificaron que continuarán en paro, el que se ha extendido por más de 50 días, tras rechazar el plan de retorno a clases propuesto por el Ministerio de Educación, al que acusaron de estar mintiendo.
Destacar que el objetivo del Gobierno era retomar las actividades en las aulas desde este jueves 2 de noviembre, extendiendo el año escolar el 12 de enero de 2024.
Por esta grave crisis educacional, más de 30 mil estudiantes podrían perder el año escolar en la región de Atacama.
Las y los docentes afirman tener problemas eléctricos en los establecimientos, que incluso han provocado amagos de incendios; además de baños con filtraciones y ausencia de materiales en los liceos técnicos profesionales.
Según consignó CNN Chile, el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, precisó que “con aquellos antecedentes, fundados también con antecedentes anexos, como antecedentes financieros y del Servicio Local de Educación Pública, se efectuó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. Se ha requerido información al Ministerio de Educación”.
La semana pasada, Yariela Ardiles, presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, se refirió a la extendida crisis que vive la educación pública, asignando responsabilidad de la misma al diputado del Partido Socialista, Juan Santana.
Ardiles aseguró que el parlamentario socialista habría influido en la contratación de dos personas en el SLEP Atacama, así como en la designación del seremi de Educación.