La Fiscalía de Atacama presentó este miércoles el recurso legal ante la Corte Suprema que busca revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que no acogió la solicitud de desafuero presentada en contra del actual diputado Jaime Mulet Martínez.

Recordemos que el Ministerio Público formalizó al parlamentario por el delito de cohecho pasivo y solicitó su desafuero para poder acusarlo e ir posteriormente a un juicio oral.

Según reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío en 2019, el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, indicó a la Fiscalía de Copiapó que Mulet le habría ofrecido una coima de $400 millones.

Sin embargo, el tribunal de alzada rechazó la petición de la Fiscalía de Atacama, que habría permitido eventualmente pedir medidas cautelares en su contra.

Desde el Ministerio Público se indicó que luego del análisis y estudio que se hizo del fallo de la Corte copiapina, y a partir de los argumentos aportados por la presidenta del tribunal, que estuvo por acceder a desaforar al parlamentario, finalmente ayer miércoles presentaron el recurso.

Respecto de la investigación formalizada en contra del parlamentario, desde el Ministerio Público se reiteró que “en esta causa no se ha hecho más que cumplir con su rol constitucional ejecutando su labor con total y absoluta objetividad”.

“Existe el convencimiento que en esta causa hay antecedentes suficientes tanto de la existencia de un delito como de la participación del investigado en el mismo”, agrega la Fiscalía.

“Por ello, es necesario y justificable que la institución agote todas las herramientas legales disponibles frente a este caso”, indicaron.

La causa vigente en la Fiscalía Local de Copiapó da cuenta de un contrato suscrito entre Minera Candelaria y la Municipalidad de Tierra Amarilla, en el que la empresa se comprometía a pagar a dicho municipio la suma de 7 millones de dólares a cambio de que el fallecido alcalde, Osvaldo Delgado, desistiera de un juicio ambiental iniciado por esta casa edilicia, indica la Fiscalía.

De acuerdo a los antecedentes, en estos hechos el exedil, asesorado por los abogados Jaime Mulet, Ramón Briones y Hernán Bosselin, aceptó con infracción a los deberes de su cargo, el pago de estos beneficios económicos para el municipio y terceros, firmando el contrato de transacción en contravención a la ley, se indicó.