El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció ante la Contraloría General de la República, a la Policía de Investigaciones y al Ministerio del Interior, por el abandono de siete personas migrantes en la carretera cerca de la localidad de Chañaral.

La situación se dio en junio pasado, en medio del operativo coordinado por el Gobierno, y que culminó con la expulsión de otros 72 ciudadanos extranjeros de origen argentino y colombiano.

Según detalla SJM, el 22 de junio de 2021, funcionarios de la PDI, detuvieron a diez personas de nacionalidad colombiana en la ciudad de Arica, con la finalidad de ejecutar medidas de expulsión que habían sido dictadas en su contra, tras ser sancionados administrativamente por ingresar al país por paso no habilitado. Pero, el 23 de junio la Corte de Apelaciones de Arica se pronunció a favor de la orden de no innovar sobre siete de las personas.

“Por actuaciones ilegales y arbitrarias de funcionarios, se solicita al órgano contralor que, de ser procedente, ordene instrucción de sumarios administrativos en contra de quienes resulten responsables del perjuicio causado a un grupo de personas extranjeras que se encontraban bajo su custodia al momento en que la Corte de Apelaciones de Arica dictó una orden de no innovar solicitada a su favor, dando la instrucción de dejarlos libres”, dice la denuncia.

Como detalla el documento, ésta orden fue recibida por la Policía de Investigaciones mientras iban en un bus hacia Santiago con las personas que serían deportadas; los funcionarios públicos verificaron entonces sus identidades y procedieron a bajar a las siete personas que trasladaban con escasa vestimenta, sin dinero, a pocas horas de oscurecer, en pleno desierto y abandonándolas a su suerte.

La acción emprendida por SJM, busca evitar el trato vejatorio a las personas y que se respeten sus derechos en cualquier lugar. “El Estado debe resguardar siempre la dignidad de las personas migrantes. Y esperamos que esta acción contribuya a enmendar y aclarar porqué dejaron botadas en la carretera y en desamparo a personas que merecían un trato digno y humanitario de parte del Estado”, señala Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.

Asimismo, según el escrito, se habrían violado normas internacionales que se encuentran incorporadas en el ordenamiento jurídico y que obligan al Estado de Chile, en relación con el trato que debe dispensar a las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos administrativos y policiales de expulsión.