En el marco del caso de los Conscriptos de Putre, la ministra en visita, Jenny Book, ordenó la exhumación del cuerpo del soldado Franco Vargas. Esto, invocando el Protocolo de Minnesota.

Si bien el caso continúa en una contienda de competencias que deberá resolver la Corte Suprema, la decisión es vista como una señal de transparencia, ya que al invocar el protocolo se reconoce que pudiera haber muerto por acción u omisión de agentes del Estado.

Lo anterior se concretó a través de una resolución de 4 párrafos, con fecha de hoy 14 de junio. Recordemos que el soldado falleció el pasado 27 de abril durante la séptima marcha de entrenamiento militar en Putre.

Según información que maneja Radio Bío Bío, la ministra Book emitió el documento a fin de que el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago le practique el denominado “Protocolo de Minnesota” y todos los exámenes necesarios y pertinentes.

Para llevar a cabo este procedimiento, el SML solicitará previamente un informe de viabilidad a la Policía de Investigaciones (PDI), el cual deberá ser evacuado en un plazo no superior a 20 días.

Practicados los exámenes de rigor, y emitido el informe respectivo, se procederá a la inmediata sepultura de Vargas Vargas, informando a la ministra Book Reyes de los resultados obtenidos.

Asimismo, se ofició al director del SML de Santiago y se notificó de la resolución a la madre del soldado fallecido. Con estas acciones, se busca esclarecer las circunstancias de la muerte del soldado y garantizar una investigación justa y transparente.

Aún así, en conversación con BioBioChile, Romy Vargas -madre del conscripto fallecido- aseguró que no ha sido notificada y que, incluso, nunca ha mantenido una conversación con la ministra Jenny Book.

Protocolo de Minnesota

El Protocolo de Minnesota, en su versión 2016, señala que tiene por finalidad proteger el derecho a la vida y los derechos humanos. En este caso, el protocolo se aplica a la investigación de toda muerte potencialmente ilícita.

Uno de los casos en los que se aplica es cuando la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida.

Competencia

Recordemos que la Segunda Sala de la Corte Suprema decidió paralizar las diligencias de la Fiscalía Regional de Arica en el caso Putre, donde se investiga civilmente la muerte del conscripto Vargas y los hechos relacionados con el Regimiento Huamachuco.

La decisión, que fue adoptada por tres votos a favor y dos en contra, respondió a una orden de no innovar presentada por el Ministerio Público Militar, el cual argumentó que “la intervención del Ministerio Público entorpece la investigación (militar)”.

Este recurso fue ingresado tras la declaración de competencia del Juzgado de Garantía de Arica para conocer la causa, pese a que la ministra en visita Jenny Book también investigaba los hechos en el ámbito de la justicia militar.

La resolución de la Corte Suprema frena las diligencias civiles hasta que se determine definitivamente si la jurisdicción del caso será militar o civil.