La Corte de Apelaciones de Arica acogió ayer lunes el recurso de protección presentado por el municipio local en contra de los padres de un lactante de 7 meses de edad, quienes se negaron a inocularlo con las vacunas que corresponden a la edad del menor, parte del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada en resguardo de las garantías constitucionales del lactante y autorizó al municipio para que proceda a la vacunación tan pronto quede ejecutoriada la sentencia, “pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición”.

En el fallo se explica que si bien hay situaciones en las que la persona puede rechazar algún procedimiento médico, “no se requerirá la manifestación de voluntad en las siguientes situaciones: a) En el caso de que la falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos o intervenciones señalados en el artículo anterior supongan un riesgo para la salud pública, de conformidad a lo dispuesto en esta ley, debiendo dejarse constancia de ello en la ficha clínica de la persona”.

La resolución añade que: “(…) en consecuencia, corresponde acoger la presente acción constitucional, porque el actuar de sus padres constituye una vulneración a la garantía constitucional, respecto de su derecho a la vida y su integridad física, toda vez que resultó manifiesto que la negativa de los recurridos, en vacunarlo ha sido ilegal”.

En el documento se añadió que “…habiendo amenazado el legítimo derecho a la vida del menor de autos, el cual, al no ser vacunado, se encuentra expuesto a contraer enfermedades inmunoprevenibles, que podrían acarrearle discapacidades, e incluso la muerte”.

De acuerdo al Poder Judicial, en el recurso presentado por el municipio se informó que en octubre de 2018, la madre recurrida acudió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) Iris Véliz Hume de la ciudad junto a su hijo para el control de niño sano. Durante la atención, la progenitora le manifestó a la enfermera su negativa a administrarle vacunas a su hijo, aduciendo que el padre habría fallecido como consecuencia de habérsele suministrado la vacuna contra la influenza.

Personal del centro asistencial concurrió dos veces al domicilio del lactante para inocularlo, sin resultados positivos.