La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja formalizó hoy a tres imputados de nacionalidad venezolana, por asociación criminal, tres delitos de homicidio y delitos de la Ley de Control de Armas, registrados durante los meses de octubre y noviembre en Antofagasta.
Los sujetos fueron detenidos por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, tras una acuciosa investigación conjunta con el equipo ECOH de la Fiscalía Regional.
En concreto, el 12 de noviembre los tres detenidos dieron muerte a una víctima en el sector norte alto de la ciudad, cerca del campamento Génesis, crimen que habría sido cometido previo a un pago de dinero cercano al millón 200 mil pesos, y sin que conocieran a la víctima, a la cual identificaron mediante fotografías y posteriormente vigilaron y siguieron para asesinarla.
La pesquisa permitió establecer, además, que la madrugada del 26 de octubre, dos de los detenidos dispararon en contra de dos víctimas que se desplazaban a bordo de un vehículo en la intersección de calle Alfonso Meléndez con 8 Norte, falleciendo una de ellas al interior del vehículo y la otra a pocos metros de distancia.
Cabe señalar que uno de los imputados también es investigado por un delito de disparos injustificados en la vía pública, registrado el 23 de octubre de 2024 en el frontis de un inmueble ubicado en Avenida Circunvalación de Antofagasta.
Formalizan a peligrosa banda en Antofagasta
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se trata de imputados de alta peligrosidad, que actuaban de manera organizada y premunidos siempre de armamento de fuego.
“Estamos hablando de tres individuos que, de manera concertada y con gran sangre fría, habrían ejecutado distintos hechos criminales en la ciudad los últimos meses (…)”, dijo el persecutor.
Por su parte, el jefe de la Prefectura Provincial Antofagasta de la PDI, prefecto Juan Orellana Campos, explicó que en el procedimiento se incautaron armas y diversos artefactos tecnológicos. Asimismo, en uno de los domicilios fue encontrada una serpiente pitón que fue entregada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), tras ser confiscada por la BIDEMA.
Por petición del Ministerio Público, los tres imputados quedaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 120 días.