Por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, la Fiscalía de Antofagasta formalizó a la tesorera del Hospital Regional, quien se habría apropiado de una cifra cercana a los 120 millones de pesos.
La formalización fue realizada por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien ante el Juzgado de Garantía expuso que, durante el periodo señalado, la funcionaria, abusando y aprovechándose de su cargo, realizó distintas maniobras para sustraer dineros.
Se trataría de montos correspondientes al ingreso de cajas recaudadoras del establecimiento asistencial, como también recursos provenientes de pensiones de los pacientes críticos del Servicio de Siquiatría.
Para ocultar o disimular el origen ilícito del dinero del cual se apropiaba, dijo el persecutor, la imputada los depositaba en su cuenta rut del BancoEstado y, a continuación, los transfería a una cuenta vista del Banco de Chile.
Esto, para después utilizarlos en el pago de tarjetas de crédito, gastos personales, créditos de consumo y diversos viajes junto a familiares.
Durante la audiencia el fiscal Cristian Aguilar explicó que el Ministerio Público tomó conocimiento del caso, el día de ayer, a través de una denuncia del director del Hospital Regional de Antofagasta.
De inmediato se emitió una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, la que fue seguida por una orden de detención en contra de la imputada, ejecutada por la misma unidad.
“Estos hechos (la sustracción del dinero) fueron reconocidos por la tesorera, tanto en una declaración ante funcionarios del Hospital, como ante personal la Policía de Investigaciones, y fueron constatados mediante los arqueos que se realizaron a las cajas del hospital, donde se descubrió la falta del dinero”, explicó Aguilar.
Formalización por malversación de caudales públicos y lavado de activos
La Fiscalía de Antofagasta solicitó para la imputada la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, no obstante, el tribunal estuvo por imponer medidas menos intensas, como son el arresto domiciliario total y el arraigo nacional.
Al respecto, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, Subprefecto Néctor Rojas Leyton, precisó que se realizaron diversas técnicas investigativas como toma de declaración a testigos e imputada, además del análisis de las cuentas bancarias.
Durante la audiencia, el Juzgado de Garantía dispuso un plazo de investigación de 150 días, periodo en el cual la Fiscalía de Antofagasta y la PDI realizarán distintas diligencias relacionadas con los hechos denunciados.
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