Por los delitos de secuestro con homicidio, secuestro calificado y receptación de vehículo motorizado, fue formalizado un ciudadano de origen venezolano, hechos registrados el 23 de febrero pasado en el sector Limón Verde, cercano al aeropuerto de la capital loina.
Según la investigación llevada adelante por el Ministerio Público, en conjunto con el Grupo de Investigación Especial de Homicidios Calama de la PDI, el imputado, en compañía de otros sujetos hasta ahora no identificados, agredió y retuvo contra su voluntad a dos víctimas de nacionalidad chilena, exigiendo por la liberación de cada uno de ellos la suma de $10 millones. Incidentes que se estima corresponden a rencillas previas vinculadas al robo de camionetas.
Las víctimas fueron atadas y mantenidas al interior de una camioneta, la que tenía encargo por robo, y durante su cautiverio fueron filmadas y obligadas a tomar contacto con familiares para solicitar el pago de dinero a cambio de su liberación.
Tras varias horas de espera, y luego de no conseguir su propósito, los captores bajaron a las víctimas de la camioneta y las amenazaron con las armas de fuego y armas blancas que portaban. Esto desencadenó un forcejeo, en el que ambos cautivos fueron heridos.
Producto de las lesiones, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra persona resultó con lesiones graves. Solo gracias a la atención médica oportuna en el Hospital Carlos Cisternas, se pudo evitar que tuviera el mismo destino.
Personal policial logró levantar una vainilla de proyectil balístico y amarras plásticas en el sitio del suceso, además de otros elementos utilizados por el imputado y sus acompañantes en el hecho.
El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga Ayarza, explicó que el imputado se encontraba en situación irregular en el país. Además, está siendo investigado por la Fiscalía por el homicidio de un repartidor de gas perpetrado en enero de este año, caso por el cual se encuentra actualmente en prisión preventiva junto a otros dos detenidos.
El Juzgado de Garantía de Calama dispuso un plazo de investigación de 120 días, periodo durante el cual el Ministerio Público realizará diligencias para allegar nuevos antecedentes dirigidos a acreditar la responsabilidad del detenido y dar con el paradero de otros participantes en el hecho.