La idea de estas acciones es recopilar información en papel y digital respecto de los convenios, así como también incautar aparatos electrónicos como computadores y teléfonos celulares.
Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones, por orden del Ministerio Público, realizó diferentes diligencias en el marco del Caso Convenios, allanando oficinas del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta. De igual forma, se autorizaron visitas a las dependencias al GORE del Maule, en Talca, así como también a la sede de la fundación Urbanismo Social en Santiago.
Respecto de la primera acción policial, fue la Brigada Delitos Económicos de la PDI quienes se acercaron al GORE de Antofagasta para efectuar una serie de diligencias. Esto en el marco de la investigación por el convenio firmado entre el ente público y ProCultura, por $629 millones, con el fin de realizar la reparación de fachadas de tres inmuebles del casco histórico, que alcanzaban 2.400 metros cuadrados.
“Los funcionarios de la Policía de Investigaciones solicitaron la entrega de dos computadoras y un pendrive con todos los antecedentes que respalden este proyecto, tanto técnicos como financieros, el cual el Gobierno Regional entregó“, aseguró Bryan Romo, fefe de la Unidad Jurídica del GORE Antofagasta.
Romo agregó que entregaron además “voluntariamente” el acceso a las cuentas de correo institucionales y las cuentas para acceder a todas las cuentas en los computadores de los funcionarios “que revisaron tanto técnica como financieramente este proyecto”. La diligencia duró alrededor de 40 minutos y “fue bastante expedita y sin mayores problemas”, aseguró Bryan Romo.
“Desde el Gobierno Regional celebramos que la investigación avance rápidamente, nosotros no tenemos nada que ocultar“, dijo el funcionario del GORE Antofagasta, a lo que agregó que “todos los procedimientos se encuentran en orden” y que “no hay ningún conflicto de interés y por lo tanto la investigación demostrará de que el Gobierno Regional se ha apegado a los estándares de transparencia y probidad que el gobernador se ha puesto”.
Ese no fue el único avance de las investigaciones por el Caso Convenios, ya que el Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a la solicitud del fiscal Cristian Aguilar y autorizó allanamientos en la Gobernación Regional del Maule, al exseremi de Vivienda y Urbanismo de la misma región, Rodrigo Hernandez, y a las sedes en Talca y Santiago de la Fundación Urbanismo Social.
La idea de estas acciones es recopilar información en papel y digital respecto de los convenios, así como también incautar aparatos electrónicos como computadores y teléfonos celulares.
Cabe recordar que Rodrigo Hernández (RD), trabajó durante siete años en Urbanismo Social antes de asumir en abril de 2022 la secretaría regional del Maule.