La Fiscalía de la Región de Antofagasta abrió este martes una investigación de oficio por el millonario convenio de la Seremi de Vivienda con la ONG, Democracia Viva, una polémica que involucra a la diputada Catalina Pérez, su pareja Daniel Andrade y su exasesor Carlos Contreras.

“La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió, de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios”, dice el comunicado.

“La causa quedará asignada al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien buscará establecer si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, son o no constitutivos de delito”, añade el Ministerio Público.

Polémica por Democracia Viva

Fiscalía inició la investigación, luego que los últimos días se conociera que la Fundación Democracia Viva había logrado tres convenios por $426 millones que firmó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Lo que más generó revuelo es que el representante legal de la organización es Daniel Andrade, actual pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).

Asimismo, el exseremi Carlos Contreras -quien renunció tras conocerse el hecho- fue asesor de la parlamentaria durante su primer período en el Congreso.