Su trabajo era vigilar la región de Antofagasta desde el aire y de esta forma, con ayuda de las imágenes que brindan drones de vigilancia del Gobierno, ayudar a combatir la delincuencia y desbaratar bandas de narcotráfico. Sin embargo, hizo todo lo contrario.
Finalmente, Wladimir Pizarro Baltras, de 37 años, junto a otros tres individuos identificados como Bernardo Rojas, Cristián Orellana y Pablo García, quedaron en prisión preventiva.
Eso luego que el fiscal Juan Castro Bekios, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Antofagasta, los formalizara por tráfico de drogas, porte ilegal de armas, receptación y uso de patente de otro vehículo.
El sujeto, militante de Renovación Nacional, desempeñaba funciones en la Delegación Presidencial de la región como supervisor de operadores de drones de vigilancia.
El programa era financiado con más de $500 millones de pesos por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Una de las reuniones entre Pizarro y Rojas con el fin de coordinar el transporte de droga ingresada desde Colchane se realizó el 24 de octubre.
La cita ocurrió en la Intendencia de Antofagasta, actual Delegación Presidencial, de acuerdo a La Tercera, citando información de fuentes policiales.
Operador político de la derecha local
Este caso ha causado un auténtico terremoto político en la derecha a nivel regional.
En definitiva, el hecho golpea a un activo miembro de RN participando en campañas y un estrecho colaborador de diferentes figuras políticas de la zona.
Así lo atestiguan diversas fotografías que el propio imputado publicó en sus redes sociales.
Tras ser detenido, el sujeto cambió el nombre de su perfil en Facebook para no ser encontrado.
Sin embargo, este sigue activo y permite ver como en distintas publicaciones cuestionaba a figuras de otras tendencias políticas de la región e incluso las asociaba con narcotráfico, delito por el cuál él enfrenta a las autoridades.
Y no era solo eso: el perfil tiene duros mensajes contra el trabajo de la Convención Constitucional y fundamentalmente su presidenta, Elisa Loncon.
Sumado a lo anterior se pueden ver descalificaciones y burlas contra el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), fotomontajes con acusaciones contra el actual gobernador regional, Ricardo Díaz, y el exalcalde Wilson Díaz.
A eso se suman posts cuestionando las movilizaciones sociales y el feminismo.
Apoyo a su sector
Esas publicaciones eran acompañadas de otras donde apoyaba campañas políticas de miembros de su sector político, como la diputada Paulina Núñez, el exintendente Marco Antonio Díaz, la consejera regional Katherine San Martín, la exgobernadora Katherine López y el consejero regional Guillermo Guerrero, entre otras figuras de la derecha local.
Eso muy acorde con su función como figura relevante para la labor territorial y electoral de Renovación Nacional, siendo cercano a estos personeros de la derecha regional.
Sin embargo, tras conocerse este caso, varias de estas personalidades políticas lo niegan y rechazan tajantemente la conducta del imputado.
Troll por Kast
El funcionario también era un asiduo usuario de la red social Twitter.
Su último mensaje antes de ir preso fue una fotografía con un sujeto portando un cartel con la frase “fuera la ONU, los payasos constituyentes y los comunistas”.
A diferencia de otros miembros de su partido político, desde hace meses que parecía tener decidido su parecer para la elección presidencial, siendo un ferviente seguidor de José Antonio Kast, a quien dedicó la mayor parte de sus retuits en esa plataforma.
Como contraparte, ejercía las funciones de troll “beta”, esto es, según describió en su oportunidad el diario El País de España, usuarios que se dedican a criticar y responder a tuits de famosos y figuras públicas con insultos o amenazas, con el fin de incomodarlas.
Esta técnica de “guerrilla” en redes sociales era su favorita para intentar molestar a figuras como Daniel Jadue, Camila Vallejo o Karol Cariola, quienes eran foco de sus insultos.
Asociar la delincuencia a quienes consideraba opositores de su partido político también era parte de su actuar habitual.
No obstante, Pizarro no se imaginaba entonces que la Fiscalía y las policías ya sospechaban que quien ejercía actividades delictuales era él y seguían sus pasos.
Agentes policiales sabían que una pandilla traficaba drogas en la región y tras obtener autorización judicial para interceptar las comunicaciones supieron que el imputado era figura clave en la operación, transportando las drogas en una camioneta con logotipos oficiales y su credencial de funcionario de la Subsecretaria de Prevención del Delito para evitar sospechas.
Pero el 26 de octubre, carabineros de la comuna de Baquedano detuvieron una camioneta donde viajaban los vinculados al caso.
Este vehículo era punta de lanza de otra camioneta que venía más atrás y portaba logotipos del Gobierno.
En su interior se trasladaba Pizarro, el supervisor de vigilancia de drones, junto a 23 kilos de marihuana y 2 de cocaína.
El resto es historia conocida.