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Los senadores Guido Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC) y Carlos Montes (PS) entregaron este lunes una presentación en la Contraloría General de la República para solicitar que se realice una completa investigación del proceso y resultado de la asignación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL) de la Corfo —proyecto I+D en la región de Antofagasta— a un consorcio de universidades estadounidense.
Recordemos que el ITL de la Corfo se le asignó a un consorcio liderado por Associated Universities Inc, conformado por las nueve universidades más prestigiosas de Estados Unidos, por encima de una red de comunidades universitarias regionales de Chile.
La iniciativa busca impulsar la energía solar, la minería sustentable y materiales avanzados como el litio y el hidrógeno verde. Se trata del mayor fondo (US$ 193 millones) para la innovación y desarrollo de las energías renovables.
El escrito, que también cuenta con las firmas de los diputados Luis Rocafull y Raúl Soto (jefes de las bancadas PS y PPD), Juan Luis Castro (PS) y Gabriel Silber (DC), solicita el pronunciamiento del ente fiscalizador, “sobre la legalidad del procedimiento de adjudicación de la licitación para la conformación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, por eventuales contravenciones al principio de juridicidad, de imparcialidad, de economía y de probidad en el ejercicio de la potestad para gestionar los fondos del Contrato Salar de Atacama, entre la Corfo y SQM Atacama como, asimismo, por las evidentes irregularidades en el proceso de licitación”.
Al respecto, Girardi afirmó que “en la actual administración, Corfo llamó a concurso donde se presentó la Corporación Alta Ley, que incluye a las universidades chilenas más importantes y tradicionales, y un consorcio norteamericano -Asociated Universities Inc (AUI) junto a las universidades del Desarrollo (UDD) y San Sebastián USS), que tienen fuertes vínculos con el Gobierno”.
“En un proceso oscuro e irregular -que puede tener connotaciones de delito- se asignó estos recursos a AUI, pese a que la mejor evaluación de la Agencia Internacional la obtuvo Alta Ley. La Corfo creó otra instancia evaluadora con funcionarios propios —jefes de gabinetes, fiscales, asesores— que no son expertos en la materia, pero que le dieron mayor puntaje a AUI, y finalmente el Consejo de ministros y el vicepresidente Terrazas le asignaron los recursos a AUI”, complementó.
El senador añadió que “pretendían dar a conocer el resultado el 24 de diciembre, como se dice entre pascua y año nuevo, para que pocos se enteraran. Pedimos que se suspendiera e invitamos a Pablo Terrazas, vicepresidente de Corfo, a explicar la situación a la Comisión Desafíos del Futuro el lunes 4 de enero a las 15:00 horas, pero durante esa mañana realizaron la asignación”.
Para el legislador PPD, este es un “gran daño para Chile porque se destruye la oportunidad que sean nuestras universidades, territorios y regiones las que puedan desarrollar estas tecnologías”.
Según Girardi, “las concesiones del litio son de toda la sociedad chilena. No fue un acto voluntario de las empresas entregar estos recursos que se han canalizado a través de un ente público tiene una función país (…) por eso estimamos que debían ser visadas por la Contraloría, lo que no se hizo”.
“Ya hay un consenso transversal que estamos ante un fraude que le hace mucho daño a Chile. El señor Terrazas debe dejar de seguir engañando y mintiendo”, añadió.
Por su parte, el senador Montes indicó que “el Gobierno anterior estableció las bases con la lógica de beneficiar el desarrollo productivo, o sea, generar otras maneras de producir en Chile, otras áreas de conocimientos ligado al desarrollo científico”.
El parlamentario del PS agregó que “las bases que finalmente se presentaron no entienden esto y creen que el tema era puramente científico y no también productivo. Están mal planteadas, no responden al espíritu ni a lo que se diseñó inicialmente”.
Para el legislador, “la manera que se lleva adelante se presta para dudas y sospechas. Por eso hemos presentado un conjunto de aspectos irregulares que no responden a la lógica de una licitación pública, amplia y abierta”.
“Hay consenso en el mundo científico, minero, académico —y hasta en las editoriales de El Mercurio y La Tercera— que, por las irregularidades, el inconveniente enfoque y la sospecha de que hay un interés particular por sobre el interés país, este proceso debe revisarse y hacerse de nuevo”, aseveró.
En tanto, la senadora Provoste expresó que “le solicitamos al contralor (Jorge) Bermúdez que se haga un examen completo de la legalidad respecto de la licitación y hemos adjuntado una serie de irregularidades que en el transcurso de esta etapa llevó adelante la Corfo”.
“Aquí primó más los intereses particulares que el interés superior del país, lo que llevó a los titulares del Consejo de ministros -Hacienda, Economía y al vicepresidente Corfo- a tener que inhabilitarse, pero dejaron en su representación a subalternos que siguieron las mismas instrucciones de privilegiar intereses que son evidentes”, añadió.
La senadora afirmó que “se modificó el objeto de este contrato que dio origen a la licitación, y que dice relación con la cláusula decimoquinta del contrato original que permite la extensión de la concesión entre el Estado de Chile y SQM, en donde claramente —en nuestra opinión— es una modificación que altera severa y gravemente el proceso de licitación”.
A su vez, el jefe de bancada de diputados PS, Luis Rocafull, explicó que, junto con respaldar la solicitud a la Contraloría, solicitarán a la Mesa de la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora, para aclarar la licitación, que calificó como “un poco turbia”.
Universidades chilenas manifiestan rechazo
Por su parte, la Agrupación de Universidades Regionales manifestó su rechazó a la adjudicación del proyecto por parte del consorcio de norteamericano.
“La reciente decisión de CORFO de adjudicar el proyecto del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) a un consorcio estadounidense encabezado por Associated Universities Inc., ha generado un rechazo transversal en las 22 comunidades universitarias regionales, además de similares declaraciones de diversas organizaciones científicas y otras vinculadas directamente a los sectores que se pretende desarrollar, como son la energía y minería”, señalan.
Agregan que se “torna incomprensible la decisión de las autoridades de Gobierno de entregar la más importante inversión en I-D que se ha hecho en Chile, a instituciones foráneas. Lo anterior conlleva una implícita negación a las capacidades universitarias nacionales, las mismas que históricamente han apoyado las principales políticas públicas que han forjado el desarrollo del país”.
“Ante esta situación, la Comisión de Vicerrectoras(es) de Investigación de las Universidades Regionales de AUR demanda revisar este proceso asegurando la mayor transparencia y objetividad en las decisiones y evitando que, ellas radiquen sólo en funcionarios de gobierno. Para esto, es necesaria una evaluación del proceso por parte de una comisión de expertos nacionales e internacionales en esta materia, usando la metodología que se aplica a otros centros de excelencia en nuestro país”, declaran.
