En el Salar de Atacama, el segundo salar más grande del mundo después del de Uyuni, en Bolivia, se encuentran más de la mitad de las reservas mundiales de litio. Un mineral no metálico que, en la actualidad, es el mejor componente para acumular energía con un enorme potencial para la industria automotriz, tecnológica y de almacenamiento de sistemas eléctricos.

Dichas reservas pertenecen al Estado de Chile y son explotadas principalmente por Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) un empresa privada que, desde 1993, mantiene un contrato de arrendamiento con la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo): agencia pública a cargo de la administración de las reservas de litio.

En enero de este año, se ratificó el contrato de SQM hasta el año 2030, pudiendo quintuplicar su producción de litio. Ello, a pesar de que actualmente la compañía mantiene vigente un proceso sancionatorio por seis infracciones medioambientales.

Aunque dicho aumento en la producción no implicaría una mayor extracción del recurso sino mejoras en el procesamiento, la continuidad de SQM en el Salar de Atacama preocupa a la comunidad científica y civil que, desde hace años, viene observando un avance en el deterioro de los ecosistemas de la cuenca del salar.

La desconfianza también ha encontrado eco en otros aspectos. Y es que la compañía y su controlador, Julio Ponce Lerou, exyerno de Augusto Pinochet, han protagonizado el escándalo de corrupción más controvertido de los últimos años en Chile tras comprobárseles que financiaron, de manera ilegal, a todo el espectro político chileno.

Este reportaje es el análisis de las infracciones ambientales de SQM y de una naturaleza resentida que, a pesar de todo, no ha podido demostrar quién es su verdugo.

Funcionamiento ecológico del salar

Casi 3000 kilómetros cuadrados conforman el Salar de Atacama ubicado en el corazón del desierto más seco del mundo, en el norte de Chile.

Desde las cumbres de la cordillera, bajan las aguas por riachuelos subterráneos y por los ríos Vilama y San Pedro. Como una calle sin salida, confluyen hasta las puertas del gran salar donde son detenidas por las densas aguas saladas. Ingrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta y doctora en ciencias geológicas, explica que dos aguas de distintas densidades no se mezclan tan fácilmente, se desconocen a primera vista, como el agua y el aceite. Ahí quedan entonces, tímidas, las aguas dulces retenidas en lagunas, algunas más grandes, otras más chicas, coronando los bordes del salar.

Son los sistemas lacustres Soncor, Aguas de Quelana y Peine, hábitat de variadas aves acuáticas como el flamenco Andino, el Chileno y el James. El primero vulnerable y los otros dos “cercanos a la amenaza” según la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estas lagunas protegidas, declaradas sitio Ramsar, son el centro reproductivo más importante en el mundo entero de esta aves, famosas por sostener, sobre una sola pata, su cuerpo entero emplumado de rosado. Las lagunas son también el refugio de los tapetes microbianos, ecosistemas conformados por microalgas y bacterias que vieron nacer el origen de la vida en la tierra.

El sistema de vegetación Borde Este, por su parte, es “la zona más sensible del salar porque es por ese lado por donde vienen las aguas subterráneas o superficiales que confluyen hacia la cuenca del salar” explica Garcés.

Así, 18 comunidades indígenas habitan el salar de Atacama desde hace 6 mil años, beneficiándose de sus orillas de bofedales y de los acuíferos para el pastoreo de camélidos y el desarrollo de la agricultura. Trigo, zapallo, tomates y maíz crecen gracias a la concienzuda administración del agua que hacen comunidades como la de Camar.

Durante años SQM aseguró que, según sus estudios, las lagunas y el salar eran dos sistemas acuíferos impermeables, desconectados uno del otro. Sin un estudio que se contrapusiera, esa fue la verdad conocida hasta hoy que la empresa ha reconocido que sí hay interacción. En efecto, a través de túneles y cavernas subterráneas, las aguas dulces interactúan con las salobres del salar conformando un mismo sistema hidrológico por lo que “las extracciones de salmuera- o agua con sal- desde el salar, pueden afectar las lagunas” asegura Garcés.

La producción de litio

SQM extrae, desde el núcleo del salar y a unos 30 metros de profundidad, 1700 lts/s de salmuera rica en un 1,7% en litio. La salmuera, es depositada en pozas de evaporación entre 11 y 14 meses, tiempo después del cual se obtienen sales con un 6% en litio. Y es que “durante el proceso de extracción, por cada tonelada de mineral, se eliminan -vía evaporación- cerca de dos millones de litros de agua” explica Garcés. El material es embarcado entonces en camiones, hasta las plantas de procesamiento en la ciudad de Antofagasta, para terminar su purificación y obtener diferentes productos como cloruro de potasio, sulfato de potasio y ácido bórico.

Durante el proceso, se obtienen también sales de descarte, que no serán utilizadas, y que son acopiadas hidráulicamente en rumas de sal. Parte de esta salmuera es reinyectada de manera directa al salar y otra parte drena, de manera natural, hacia la napa recirculando al sistema. Sin embargo, el porcentaje de agua que se recupera es menor al 10% puesto que la gran mayoría se evapora explica Garcés.

Además, la producción de cloruro de potasio requiere de agua dulce por lo que SQM tiene derechos de aprovechamiento de este recurso, sobre cinco pozos en los bordes del salar.

En 2006, la autoridad ambiental otorgó un permiso para el desarrollo de un proyecto que buscaba aumentar la extracción de salmuera, incrementar la extracción de agua dulce en el borde y aumentar el área de evaporación solar y de acopio de sales de descarte en el núcleo del salar.

Todo ello se haría con impacto nulo y el permiso, concretado en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), fue otorgado bajo esa condición. “El incremento en la tasa de bombeo de salmuera fresca seguirá una regla operacional, con la cual se asegura que el nivel del acuífero en los bordes del salar, donde se emplazan los sistemas ambientales sensibles, oscilarán dentro de su comportamiento histórico” señala la RCA.

Con la finalidad de evitar cualquier impacto ambiental, se contempló un plan de seguimiento para identificar la magnitud de las recargas, de las descargas y de una posible modificación del comportamiento natural de los sistemas.

Además, un Plan de Contingencia se activaría cuando el nivel de las lagunas alcanzara cierto umbral. Para ello, en la RCA se establecieron pozos de monitoreo y reglillas de observación para los sistemas Aguas de Quelana, Soncor, Peine y el sistema vegetación Borde Este. Cuando el umbral de dichos pozos llegara al mínimo histórico registrado, se activaría una alerta temprana para aumentar la frecuencia de monitoreo a fin de anticipar un potencial efecto y, en una segunda etapa, se reduciría el caudal de bombeo de salmuera y/o de agua dulce, según correspondiera. Por último, en caso de producirse cualquier impacto, se tendría que “suspender la ejecución operacional del proyecto de manera inmediata” señala la RCA.

Pero en noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente-organismo del Estado encargado de fiscalizar los permisos ambientales- inició un proceso sancionatorio en contra de SQM por haber, entre otras cosas, modificado unilateralmente los niveles de activación del Plan de Contingencia. Eso implicó que “dicho plan no se activara cuando debía hacerlo” explica Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama y representante legal de la comunidad indígena de Camar.

La manipulación de los datos

Según señala la formulación de cargos redactada por la Superintendencia, en 2014 se constató que la empresa modificó los umbrales de los pozos de bombeo, así como los niveles de cotas de terreno y umbrales de activación del plan de contingencia, en al menos tres oportunidades. Además, el documento detalla que la empresa retiró dos pozos de monitoreo. Es decir, desactivó los indicadores de alerta.

La Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos en contra SQM siendo lo anterior considerado como “gravísimo”.

Una querella criminal, actualmente en trámite, interpuesta por la comunidad indígena atacameña de Camar en contra de SQM, señala que “esta actuación ilícita fue realizada de manera manifiestamente dolosa, ya que tales alteraciones realizadas por los titulares de SQM fueron hechas de forma completamente unilateral y subrepticia, sin que estuviesen autorizados para ello por la autoridad medio ambiental”.

Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado, entre agosto del 2013 y agosto del 2015. También la “afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos- uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto- sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades desde el año 2013 a la fecha”.

En efecto, en marzo del año 2015, la Superintendencia de Medio Ambiente junto a la Corporación Nacional Forestal y el Servicio Agrícola Ganadero, realizaron una inspección en la que se constató “que la cantidad de sectores o parcelas sin vegetación en el sistema de vegetación Borde Este ha ido en aumento. Por otro lado, la riqueza de las especies ha disminuido en relación al año anterior, no obstante, la empresa no ha informado de esta situación a la autoridad ambiental”. De hecho, la formulación de cargos detalla que son 13 los algarrobos que se han secado durante la operación del proyecto, nada de lo cual fue informado por la empresa a la autoridad ambiental, como estaban obligados legalmente a hacerlo.

También se constató la afectación significativa de las variables de pH y salinidad del suelo advirtiéndose que “se ha pasado de un suelo moderadamente salino a uno fuertemente salino y un aumento en la alcalinidad del pH”.

Además, el documento señala que la empresa ha entregado información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales, “lo que no permite contar con información de control trazable que permita una verificación de las variables”.

En junio del 2013, cuatro meses antes de que se realizaran las primeras inspecciones que dejarían en evidencia todas estas infracciones, SQM obtuvo un permiso ambiental para aumentar en 700.000 toneladas su producción de cloruro de potasio en el Salar de Atacama.

Mongabay Latam revisó los documento y confirmó que para entonces la empresa ya había advertido un “aumento de algarrobos con baja cobertura de copa verde y estado de vitalidad seco”. Así lo señala un informe de monitoreo realizado por SQM durante abril del 2012.

En junio del 2013, la comisión de Evaluación Ambiental Regional aprobó a pesar de esto el proyecto de la compañía para aumentar su producción. Quien presidió dicha comisión y firmó el permiso, fue el entonces Intendente de la región de Antofagasta Pablo Tolosa, abogado de SQM entre 1998 y 2010.

Falta de pruebas

En respuesta al proceso sancionatorio iniciado en contra de SQM, la empresa presentó un Programa de Cumplimiento -que aún no ha sido aprobado – para reivindicar cada una de las infracciones y comprometerse a cumplir con el permiso que le fue otorgado en 2006.

Así, entre otras cosas, dicho programa se compromete a la “implementación de sistemas de monitoreo en línea, que permiten robustecer la verificación del cumplimiento de extracciones de salmuera y agua industrial”. Y adopta otras medidas como la detención inmediata de la extracción de agua desde uno de sus pozos.

Pero, al mismo tiempo, la empresa señala que el efecto negativo generado por la extracción de salmuera por sobre lo autorizado “resulta marginal”. Que “tiene un nivel de influencia mínimo (…) representa un aporte menor al 2% de los descensos observados, es decir, cerca de l mm, valor que sería incluso menor ya que dicha extracción adicional no se ha efectuado en forma permanente”. Así mismo, respecto al aumento de salinidad del suelo afirma que “queda absolutamente descartada la posibilidad de efectos negativos derivados de la infracción”.

La bióloga ambiental Carolina Díaz, gerente general de la consultora Amakaik, que se encuentra desarrollando un modelo ecológico para el Salar de Atacama, señala que “un programa de cumplimiento, que niega la responsabilidad de generar impacto producto de las infracciones, no puede ser un buen programa. Esto, dado que desconoce si las medidas propuestas serán realmente efectivas mitigando dichos impactos, ya que estos no están bien identificados y mucho menos están cuantificados.”

Aún así, la bióloga puntualiza que si bien “es muy probable que la empresa esté provocando daño, los estudios los tienen ellos y una cosa es la opinión y otra es la prueba”.

Díaz se refiere a que las investigaciones, que hasta el momento existen sobre estos ecosistemas y los impactos de la industria, han sido realizados por SQM y les pertenecen. En efecto, “el peso de la prueba de no impacto está siempre en el mandante, no está en el Estado” explica Díaz. Y es que el sistema de evaluación ambiental considera que es el titular del proyecto el que periódicamente obtiene los datos ambientales, los analiza y entrega la información a la autoridad. Esta fiscaliza, “pero no hay una constatación empírica permanente de los datos obtenidos de la operación de esos planes y, en la mayoría de los casos, tampoco se cuenta con los datos brutos obtenidos para realizar un análisis independiente de ellos” señala la bióloga.

Al respecto, Barros señala que “en la medida que la información ambiental y social siga siendo tratada como privada, como propiedad de las empresas, no vamos a poder lograr encadenamientos productivos, sustentables y equitativos”.

De lo que sí se tiene certeza es de que el salar “evidentemente está siendo mal intervenido, especialmente en la zona este, donde hay áreas que simplemente se secaron” dice Garcés. De hecho, un estudio de la Dirección General de Aguas asegura que el principal acuífero de la sub-cuenca del Salar de Atacama ubicado en el sector Tilopozo-Pajonales se encuentra sobre explotado seis veces.

Manuel Salvatierra, presidente del consejo de Pueblos Atacameños, dijo a Mongabay Latam que “Los daños y afectación en la cuenca afecta directamente vegas, bofedales y fauna y con ello las actividades como el pastoreo de animales.”

Al mismo tiempo, se reconoce que los impactos en el salar son producto de una sinergia entre las diferentes empresas mineras que operan en la cuenca del Salar de Atacama. Se trata de las mineras de cobre Zaldívar y Escondida que juntas extraen 1613.5 litros de agua por segundo. La empresa Almebarle, también de litio, extrae 23 lts/seg de agua y 442 lts/seg de salmuera. Por último, SQM bombea 450 lts/seg de agua y 1700 lts/seg de salmuera. En total, son 2.086 lts/seg solo de agua dulce.

La situación del Salar de Atacama no es un hecho aislado. El salar de Coposa, en la región de Tarapacá, tampoco se libra de los problemas. De hecho, la autoridad ambiental también presentó cargos en contra de la minera de cobre Doña Inés de Collahuasi, que opera en la cuenca de este salar, por incumplimiento al monitoreo de avisafauna, el traslado de puntos de captación de aguas subterráneas y la ausencia de información en el seguimiento de la calidad de aguas y bofedales.

Además, “el salar de Michincha fue declarado por la Comisión Chilena del Cobre en situación crítica, al igual que el salar de Llamara” señala Barros. En este último, la autoridad ambiental también presentó cargos en contra de SQM por inclumplir las condiciones impuestas en su permiso. Los cargos, al igual que en caso del Salar de Atacama, dicen relación con la modificación de las medidas de mitigación establecidas en el permiso ambiental, afectando las lagunas mejor conocidas como Puquios, los que en idioma Quechua, la lengua de los pueblos de los Andes, quiere decir “vertientes de aguas cristalinas”.

Por Michelle Carrere
Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam