De acuerdo a cifras oficiales, la región de Antofagasta es la segunda del país en cuanto a número de inmigrantes, detrás de la Metropolitana.

Ésta tiene una población extranjera total cercana a las 104 mil personas, de las cuales 32 mil vivirían en Chile sin ningún tipo de documentación.

El dato lo entregó el sociólogo y exmiembro de la Subsecretaría de Prevención del Delito del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Eduardo Contreras, apoyado en datos de la Policía de Investigaciones.

En conversación con El Mercurio, y a un día que finalice el masivo proceso regulatorio para extranjeros que hayan burlado controles fronterizos, iniciativa impulsada por el Gobierno, Contreras lamentó que la cifra de trámites en esta materia sea tan baja en la región.

Lo anterior fue anunciado por el mismo Ejecutivo quien, al jueves 17 de mayo, contabilizaba 6.342 regularizaciones en Antofagasta, lo que representa el 6,1% de la población extranjera en la zona y el 5,5% del total país.

Al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, esta situación le llama la atención debido a que, por ejemplo, Tarapacá registra mayor cantidad de trámites llevados a cabo, pero menor población migrante.

Subsecretario Rodrigo Ubilla. Pablo Ovalle Isasmendi | Agencia UNO
Subsecretario Rodrigo Ubilla. Pablo Ovalle Isasmendi | Agencia UNO

¿Pero, por qué sucede esto?

El medio tuvo acceso a testimonios de extranjeros quienes explicaron el por qué de la baja cantidad de regularizaciones.

Éstos aludieron al miedo que sentirían de ser expulsados del país, sobre todo luego que un presunto sicario colombiano fuera deportado por Extranjería cuando se apersonó a regularizar su situación, dos días después de iniciado el proceso.

En línea con lo anterior, la gobernadora de Antofagasta, Katherine López, hizo un llamado a la tranquilidad.

“Muchos quizás teman la creer que es una medida para expulsarlos. Se trata de lo contrario, de regularizar sus situaciones”, dijo.

Pese a ello, aclaró que quienes no concreten los trámites en el plazo señalado sí arriesgan ser devueltos a sus países de origen.

“Después del 23 de mayo, las personas que no se hayan acogido a esta oportunidad pueden ser expulsadas del país”, sentenció López.