Lejos de los ojos de los turistas, y bajo estrictas medidas de seguridad y conservación, permanece guardado el valioso patrimonio acumulado principalmente por el sacerdote belga Gustavo Le Paige, en San Pedro de Atacama, debido a un lío judicial que podría demorar años en resolverse y que dejó al antiguo museo convertido en ruinas.
Se trata de un fallido proyecto denominado “Reposición Museo Arqueológico G. Le Paige SPA”, que fue ideado en 2010, con un costo inicial de 7 millones de dólares, y que fue acordado entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama y la Universidad Católica del Norte (UCN), para potenciar al principal museo del norte de Chile, y que contiene las momias más antiguas del continente.
El proyecto, disponible en Mercado Público, estaba financiado con dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que aportó 50 mil millones de pesos con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e incluía dos fases: el traslado y la construcción de las nuevas dependencias.
Desde un inicio, el proyecto sumó críticas luego que se conociera que la idea incluía la demolición del histórico edificio. Sin embargo, un inesperado inconveniente paralizó las obras y en términos coloquiales dejó a todos los interesados “sin pan, ni pedazo”, con el museo destruido y con otro sin poder edificarse.
El traslado
El proyecto tenía una primera parte que implicaba el traslado de las 400 mil piezas y artefactos, entre ellos 5 mil cráneos y cuerpos momificados, que se inició en 2014, a cargo de la empresa Surpatrimonia Consultores y la Unidad Técnica de Obra Municipal.
Si bien se planificó en un plazo acotado de 6 meses, lo cierto es que demoró 18, en distintos operativos bajo la estricta vigilancia de la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bridema) de la PDI, la Superintendencia de Medio Ambiente de Antofagasta, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y el Centro de Conservación y Restauración de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam).
No se reportaron pérdidas ni deterioro en alguna pieza trasladada.
Aunque, no todo fue a dar a esas dependencias especiales de la UCN, puesto que, por ejemplo, la colección de oro de Larache del Museo de Historia Natural, fue trasladada en un operativo policial, hasta la bóveda de un banco en Antofagasta.
El resto de las piezas, como cerámicas, maderas, textiles, metales, cestería, piezas líticas y material malacológico y etnográfico, fueron inventariadas con un software especialmente diseñado para monitorizar las 12 mil cajas, durante los dos años que -se supone- iban a estar guardadas en recintos transitorios.
Según la UCN, estos recintos cuentan con una infraestructura antisísmica, de alta impermeabilidad y hermeticidad, protegida de inundaciones y escurrimiento de aguas lluvias. El lugar brinda las condiciones térmicas, acústicas y de seguridad integrada, a través de un sistema de alarma contra incendios, circuito de cámara de vigilancia y cierre perimetral; además de un servicio de guardias, cumpliendo estrictamente con lo indicado en el informe consolidado N°1 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.
Pero no todas han sido cuentas alegres, debido a los reclamos de algunos concejales, quienes expresaron sus reparos ante los plazos que se manejaron.
En la sesión del Consejo Municipal del 12 de septiembre de 2016, durante la administración de la exalcaldesa Sandra Berna, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Jaime Coria, debió explicar que hubo un aumento de obra por el número de piezas, debido a que el catastro inicial que se hizo en el museo al momento de desempacar, reveló más elementos.
Según Coria, esto último provocó un aumento en el número de cajas para el traslado al recinto transitorio, en donde se debió reforzar algunos contenedores para contener los líticos. Dicho aumento, además, disparó los costos en $157 millones de pesos, lo que elevó el monto total a $640 millones, “solamente en lo que está embalado”.
En la misma sesión, la administradora municipal, Paticia Lanas, también debió salir a explicar el retraso en el proyecto, recordando que según el requerimiento de la RCA, todas las piezas debían haber salido del museo para proceder a su demolición.
En ese sentido, Lanas detalló que el permiso de demolición fue ingresado al Consejo de Monumentos Nacionales a inicios de noviembre de 2015, logrando su aprobación final en abril de 2016, provocando la serie de atrasos que se reclamó.
Una construcción fallida
Mucho tiempo antes, en enero de 2015, la empresa Procoin anunció la adjudicación de la licitación, con un plazo de 15 meses, es decir, debía estar listo en marzo de 2016.
No obstante, todo el proyecto quedó paralizado cuando la constructora Procoin se negó a seguir adelante luego que descubriera que la construcción de más de 11 mil metros cuadrados invadía terrenos particulares.
Entonces, la Municipalidad de San Pedro de Atacama insistió en su construcción, en una carta del director de obras municipal a la que accedimos en BioBioChile, en donde se le pide ejecutar el proyecto “sin cuestionar terreno”.
Pese a la insistencia, la constructora reiteró su negativa ante lo cual el municipio rescindió el contrato en septiembre de 2016.
Finalmente, la empresa presentó una demanda en contra de la Municipalidad de San Pedro de Atacama y el Gobierno Regional de Antofagasta, la que actualmente se tramita en el Segundo Juzgado de Letras Civil de Antofagasta.
En el texto, Procoin alega que los retrasos producto del conflicto le generaron perjuicios económicos. Pero además, detalla el principal problema: el terreno es más pequeño de lo proyectado, en palabras más simples, el nuevo museo no cabe en el sitio entregado por el Municipio, propiedad de la Universidad Católica del Norte.
De acuerdo a la acción legal, el edificio “invadía” terrenos de la ex Compañía Frutícola de Antofagasta -que fueron vendidos a Luis Ortega Laferte-, de la Parroquia de San Pedro de Atacama, del Ministerio de Bienes Nacionales y de Entel.
Incluso, se asegura que el problema estaría en conocimiento de las autoridades. Esto, debido a que en 2004 se intentó comprar parte de los terrenos “invadidos” a Bienes Nacionales.
Ese año se iniciaron negociaciones con la entonces Compañía Frutícola y posteriormente con su actual dueño, Luis Ortega, las que no llegaron a concretarse.
De ahí las interrogantes que surgen a partir de la demanda, respecto a cómo se construyó el anterior museo y si las autoridades del Museo y de la Universidad Católica del Norte sabían de esta irregularidad. Pese a nuestra insistencia, no recibimos una respuesta oficial para esta nota debido a que desde la dirección del museo nos señalaron que no se referirán a un tema judicializado.
El libelo, por su parte, apunta a las autoridades comunales y asegura que “ha existido mala fe por parte del municipio”.
Por lo anterior, Procoin acusa “daño emergente” por más de mil millones de pesos ($1.320.506.371), por sueldos, obras, estudios técnicos y lucro cesante, por las utilidades que dejó de recibir al estar en este proyecto fallido, por más de setecientos millones de pesos ($768.520.875).
De esta forma, pide una indemnización de perjuicios por poco más de dos mil millones de pesos ($2.089.027.246), más la devolución de las boletas de garantía por unos ochocientos millones de pesos ($867.427.355) y que estos documentos no sean cobrados.
Consultados al respecto, desde la Municipalidad de San Pedro de Atacama señalaron a BioBioChile que el alcalde Aliro Catur tampoco se referirá al tema, por tratarse de un proceso judicial en curso.
Pero en el acta de la sesión municipal del 15 de febrero de 2017, encontramos mayores luces de la información que maneja la entidad edilicia. Entre los puntos varios, la administradora, Mariana Jerez, explicó que hay una investigación especial de parte de Contraloría por la denuncia de Procoin.
Asimismo, informa que representantes del organismo estuvieron 5 días en la Dirección de Obras Municipales recabando antecedentes y que se está a la espera de los resultados.
Por otro lado, indicó que los dineros están asegurados para la construcción del proyecto. Es más, junto con reconocer que hubo un “problema de diseño”, la administradora enfatizó en que el Gobierno Regional aclaró que de ser necesario un rediseño y si esto implica un aumento mayor al 10% del presupuesto original, se debe ingresar como un proyecto nuevo ante el Consejo Regional.
Esta situación, obviamente, demoraría aún más una eventual construcción del museo, debido a que tendría necesariamente que pasar nuevamente por todos los procesos administrativos.
Un museo con historia
El museo data de 1957, cuando el sacerdote jesuita de nacionalidad belga, Gustavo Le Paige, abrió una primera versión en la casa parroquial.
Es por eso que a través de entrevistas a medios como El Ciudadano, el arqueólogo Ulises Cárdenas denunció un “arqueocidio” por la demolición del museo ante la relatora especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz. Y también puso en antecedentes a Álvaro Pop, presidente del Comité Internacional de Patrimonio Arqueológico de Icomos, programa auxiliar de la Unesco.
Entre sus reclamos, está la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Y por otro lado, acusó que grupos indígenas no fueron consultados bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino por el contrario sólo se utilizó el modelo de participación ciudadana (PAC).
Aunque, el director del Museo, Arturo Torres, en una nota publicada en el portal de la UCN, defendió la decisión asegurando que el edificio mostraba un importante deterioro, por lo cual se trasladó la colección completa a un espacio que alberga el Instituto de Arqueología y Antropología de la UCN, en donde permanecen debidamente custodiadas las miles de cajas.
Sin embargo, no tuvimos acceso a algún documento o estudio en donde se señalen detalles técnicos para justificar la destrucción del edificio. Lo que encontramos, sin embargo, fue una propuesta de la UCN de 2009 para su remodelación por 900 millones de pesos.
Pero, esta propuesta fue desestimada luego del (desconocido) informe de 3 empresas de infraestructura externas que concluyeron que el antiguo museo no estaba en condiciones estructurales, lo que -supuestamente- ponía en riesgo las piezas.
“Su tipología edificatoria, de rígida estructura, no respondía adecuadamente a los requerimientos constructivos que se exigen por normativa para una edificación de uso público. Asimismo, afectaba la estabilidad de las colecciones en custodia, quedando vulnerables y desprotegidas importantes fuentes de información no replicables ante la incidencia de un accidente natural”, indicó en su oportunidad la UCN en un comunicado.
En diálogo con BioBioChile, la vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, Nuriluz Hermosilla, si bien destacó el trabajo para mantener la colección a resguardo en un recinto transitorio, criticó duramente la falta de coordinación con otros organismos.
“Nosotros como Colegio de Arqueólogos no hemos tenido ninguna injerencia en todo el proceso del Museo de San Pedro de Atacama, y creo que allí parten los errores importantes que se han cometido, porque no se consultó a los especialistas y menos a la comunidad involucrada, que ayudaron a construir al padre Le Paige”, sostuvo.
“Por un lado tenemos la tranquilidad que los materiales están siendo bien custodiados por los propios profesionales, que han custodiado que todas las piezas estén con las condiciones de temperaturas, luz, ambientales en general, para su perfecta conservación”, valoró.
“Pero esto fue todo mal hecho, es decir, se demolió rápidamente un museo causando un tremendo dolor a la gente, y ahora quedan las ruinas como mudos testimonios del destrozo que se les causó”, sentenció.
En ese sentido, sostuvo que “se hizo un proyecto para un nuevo museo, que por lo que tenemos entendido, está más cercano a un mall que a un museo, en un pueblo pequeño, de características campesinas atacameñas, eso era bastante abusivo y aberrante, allí hay otro error”.
“¿Quién va a responder? Se trata de un pueblo que vive de un turismo arqueológico, que le destrozan el museo, quedan las ruinas. Es una falta de respeto”, afirmó.
Por último, según la profesional, la solución pasa por una asamblea en el pueblo, para conocer de primera mano lo que la gente necesita, pues a su juicio este es un museo que se debe a la comunidad, tanto a la gente que recibe a turistas, como a los atacameños que están viviendo precariamente.
Lo anterior, tal como lo hizo hace algunos años la arqueóloga Patricia Ayala, quien encabezó una mesa de diálogo donde las comunidades expresaron su oposición a que se exhibieran los restos bioantropológicos de sus antepasados, y en donde, sin embargo, se tuvo la confianza para que fuera el museo quien custodiara los cuerpos momificados.
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Decreto de Adjudicación by BioBioChile on Scribd
Acta Sesión 12 Septiembre 2016 by BioBioChile on Scribd
Sesión Ordinaria N° 04-2017 by BioBioChile on Scribd