Este miércoles el excandidato presidencial gremialista Laurence Golborne enfrenta una audiencia de formalización en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por delitos tributarios en el marco de un nuevo caso de financiamiento ilegal de campañas políticas.
Si bien en un principio no se descartaba un juicio abreviado, esta alternativa quedó completamente descartada ayer martes luego que Golborne se acogiera a su derecho a guardar silencio, evitando colaborar con la indagatoria.
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Y es que en algún momento la defensa del exitoso ejecutivo de Cencosud estuvo abierta a llegar a un acuerdo a cambio de reconocer su culpabilidad, tal como lo hiciera en su oportunidad el exsenador Jovino Novoa.
Su abogado Juan Pablo Kinast, ex fiscal del Maule, explicó las razones oficiales para guardar silencio. “Son los mismos hechos que se interpretan de una manera por parte del Servicio (SII), pero el destino y el sentido de esto está claro cuál fue, financiar campañas. Jamás se ha negado o intentado justificar lo que ocurrió”, señaló el jurista.
Recordemos que el exministro de Minería es acusado de facilitar boletas ideológicamente falsas al grupo Penta por cerca de 120 millones de pesos, cifra que ha ido paulatinamente devolviendo al Servicio de Impuestos Internos.
No obstante esta colaboración, Golborne no quiso entregar su declaración ante los fiscales, testimonio que habría dejado al descubierto pagos de otros grandes grupos económicos donde incluso está involucrada la campaña de la actual presidenta Michelle Bachelet.
Ante su insistente silencio, no es descabellado pensar en las presiones que habría recibido el exsecretario de Estado para no entregar detalles que dejarían en un complejo escenario a otros importantes grupos empresariales que operan actualmente en nuestro país.
Sin embargo, la Fiscalía tiene otro as bajo la manga. Se trata del testimonio de Roberto Carrasco, exmano derecha de Golborne, quien entregó una lista con las empresas que también aportaron a la campaña presidencial de manera irregular a través de boletas ideológicamente falsas: Banco BCI, Ripley, Inversiones Caburga (del grupo Said), Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, CAP, Watts, Inversiones Longovilo, Inversiones Paso Nevado y GT Advisors.
El tema, en tanto, es que estas empresas no sólo habrían aportado con el entonces candidato gremialista, sino que también a las campañas de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, Pablo Zalaquett, Pablo Longueira, Ena von Baer, Javier Macaya, Eduardo Frei Tuiz-Tagle, Sebastián Piñera, Andrés Zaldívar, Fuad Chahín, Gonzalo Fuenzalida, Cristian Letelier y Enrique Correa.
Destacar que debido a que Golborne no era funcionario público cuando presuntamente se cometió el delito, sólo intervienen como querellantes el SII y la Fiscalía, quedando fuera el Consejo de Defensa del Estado.
