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Durante la sesión de la comisión investigadora por la fallida compra de la casa del presidente Salvador Allende, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se reconoció que se conocía la inhabilidad que existía en la celebración que involucraba a la exministra Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende.

En concreto, fue la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, quien igualmente destacó que lo que les correspondía era “la revisión técnico-legal de este acto administrativo, en particular para el caso que nos reúne hoy, el decreto 38″.

La explicación se dio tras una pregunta de la diputada Paula Labra, quien planteó: “¿Usted no conocía el artículo 37 y 60 de la Constitución? Es decir, ¿no sabía que los ministros y parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado?”.

Ante eso, Moya respondió “yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía ambas normas, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso”.

“Nosotros realizamos, como decía el ministro Elizalde, solo aquellas labores que nos corresponden. En este caso en particular, que son de hecho aquellas que nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República y las normas que señala la diputada no están referidas a ese acto particular que, como les señalaba anteriormente, es un acto unilateral de la administración”, agregó.

Acto seguido, el presidente de la instancia, el diputado Andrés Longton consultó “¿usted conocía de la inhabilidad de la ministra y la senadora?”, a lo que Moya contestó “efectivamente”.

“¿Pero no se lo advirtió al Presidente ni al ministro?”, preguntó Longton nuevamente. Moya señaló “como le señalé anteriormente a la diputada Labra, lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico que es aquel que señala el artículo 6 de la Ley que crea el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular para el caso que nos reúne hoy, el decreto 38″.

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Elizalde tras comisión por fallida compra de la casa de Allende

Tras la sesión, el ministro Álvaro Elizalde, reiteró el punto. “Se ha sido explícito, el proceso de adquisición y la casa de un expresidente de la República, tal como lo explicó en su momento la ministra (Aisén) Etcheverry, siguió adelante en distintas etapas”, dijo.

Complementando que “a quien le corresponde implementar una decisión de esta naturaleza es al ministerio respectivo y por eso el Presidente hizo valer la responsabilidad correspondiente en el Ministerio de Bienes Nacionales”.

“En lo que respecta al decreto, ha quedado en evidencia -dado los únicos testimonios que ha recogido la comisión- de que esto no adolece de ningún piso de ilegalidad o inconstitucionalidad”, añadió.

Igualmente, el secretario de Estado reiteró el proceso de las etapas. “En cada etapa se tiene que realizar la evaluación correspondiente si se está cumpliendo o no con los requisitos legales, si existen o no eventuales ilegalidades”, explicó.

Por lo que “aquí la primera etapa es la aprobación de la Ley de Presupuesto, de los recursos necesarios para adquirir las viviendas de los exmandatarios, eso tuvo apoyo transversal. Fue transparente, fue parte del debate en la presentación que se hizo en la comisión mixta correspondiente”.

“(…) En segundo lugar, se dicta un decreto firmado por el Presidente de la República que autoriza la adquisición. Ese decreto tampoco adolece de ningún vicio, toda vez que fue tomado razón por el Presidente de la República. En la etapa posterior lo que correspondía era cumplir con los requisitos que establece y en ese marco el Presidente hizo valer responsabilidades correspondientes y le pidió la renuncia”, cerró.