Araya va a Contraloría por nuevos seremis de Seguridad acusando "instalación de operadores políticos"

El jefe de Bancada de Diputados del Partido Republicano, Cristián Araya, solicitó a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la legalidad de los nombramientos de seremis en el recién creado Ministerio de Seguridad Pública.

Según acusó el parlamentario, estos cargos, que comenzaron a operar el 1 de abril, han sido ocupados por personas sin la experiencia exigida por la ley, apuntando a “la instalación de operadores políticos de parte del gobierno en desmedro de la seguridad de los chilenos”.

“Durante la discusión, sentado al lado de Carolina Tohá cuando era ministra, le advertí que el perfil de los seremis terminaría siendo político y que había que evitar la designación de militantes, amigos, compañeros, pololas y un montón de otras razones por las cuales se nombran autoridades. Hoy esto es una realidad”, denunció el diputado Araya.

“Esto nos parece inaceptable cuando el país atraviesa por una de sus peores crisis en materia, precisamente, de seguridad”, agregó.

Además, criticó al actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, asegurado que “no conforme con eso, el ministro Luis Cordero, quien tampoco tiene expertiz en Seguridad, hizo las designaciones de seremis que tampoco cumplen con los requisitos de experiencia exigidos por la ley, vulnerando la promesa de profesionalizar la seguridad y entregándola, una vez más, a la lógica de la ‘confianza política’, que no es más que una repartija de cargos”.

El diputado detalló que en al menos tres casos los designados no cumplen con los requisitos de la ley. “Se han nombrado personas con menos de seis años de título profesional y menos de tres años en cargos vinculados, simplemente porque fueron seremis en la cartera de Justicia. La ley exige experiencia en seguridad, no en relaciones políticas”, fustigó.

“He solicitado a la Contraloría que se pronuncie sobre la validez de estos nombramientos y que determine si se está cumpliendo o no con la legalidad vigente. No permitiremos que el gobierno haga de la seguridad su botín político”, concluyó.