Fisco deberá indemnizar con $80 millones a joven torturado con 15 años en Estadio Chile y Nacional

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $80.000.000 por concepto de daño moral a un joven -de solo 15 años en el momento de los hechos- que fue torturado en el Estadio Chile y Nacional.

En concreto, la indemnización corresponderá a Julio Eduardo Olivos Labarca, quien fue detenido en Lo Espejo el 12 de septiembre de 1973, para luego ser trasladado y torturado en dichos recintos deportivos.

Esta se dará gracias al fallo unánime de la Primera Sala del tribunal, que confirmó la sentencia antes dictada por el 26° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda de la víctima directa, pero la revocó respecto de su cónyuge, hijas y hermanos, al no acreditar el daño moral que habrían sufrido por repercusión o rebote.

Respecto a ese último punto, el fallo explica que existe “no hay prueba suficiente que dé cuenta fehacientemente de los daños sufridos por estas, en su calidad de víctimas por rebote, pues no vivenciaron los hechos en la época inmediata o coetánea en que estos acontecieron”.

“Por ejemplo, el vínculo matrimonial de una de las actoras se verificó 13 años después de los hechos padecidos por la víctima directa, que a la fecha tenía 15 años, y los nacimientos de las hijas se produjeron 9 y 14 años después de los mismos. Por su parte, uno de los hermanos tenía tan solo 6 meses de vida al momento de los tormentos sufridos por el actor principal, y la otra tan solo 14 años, sin que respecto de esta última, a pesar de su edad, se haya aportado prueba suficiente para acreditar el daño moral que invoca”, detalla la resolución.

Finalmente, el documento señala que, a juicio de la Corte, los informes psicológicos emitidos “respecto de las 5 víctimas por repercusión, no logran acreditar suficientemente los padecimientos que estos alegan haber tolerado, pues en lo medular relatan los hechos que sí padeció directa y personalmente don Julio Olivos Labarca, sin que respecto de ellos mismos se dé cuenta de efectos que, por su entidad o magnitud, justifiquen recibir una reparación por parte del Estado”.