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El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dictó una sentencia clave en el caso Penta, condenando a Marcos Castro Sanguinetti y a las empresas Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda. por soborno y delitos tributarios que causaron un perjuicio fiscal de .471 millones. La investigación reveló una trama de corrupción y prácticas financieras fraudulentas entre 2007 y 2014. Castro Sanguinetti recibió una condena de tres años de presidio, sustituida por remisión condicional, y las empresas enfrentan sanciones que incluyen una prohibición de tres años para contratar con el Estado y multas millonarias. Las prácticas fraudulentas abarcaron boletas falsas, contratos ficticios y evasión de impuestos, con un perjuicio fiscal total de más de .6 mil millones. La sentencia también señala la responsabilidad empresarial de Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda. por no prevenir los delitos cometidos.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago emitió este viernes sentencia condenatoria -de 116 páginas- que marca un hito en el caso Penta. Recordemos que se trata de un escándalo que involucra a altos ejecutivos y empresas del holding homónimo.
La resolución, dictada por el juez Leonardo Valdivieso, impone penas a Marcos Alberto Castro Sanguinetti, ex gerente de contabilidad del grupo, y a las sociedades Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda., por delitos de soborno y múltiples ilícitos tributarios que ocasionaron un perjuicio fiscal superior a los $2.471 millones.
La investigación, liderada por el Ministerio Público, representado por el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda Araya; y respaldada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), destapó una verdadera red de prácticas corruptas y maniobras financieras entre 2007 y 2014. Castro Sanguinetti, figura clave en el esquema, recibió una condena de tres años de presidio, sustituida por remisión condicional, junto a multas que superan los $27 millones.
De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), la remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena de cárcel por la discreta observación y asistencia en libertad del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.
Al aplicar esta sanción, el tribunal establece un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena. Además, el sentenciado deberá mantener su residencia en un lugar determinado, permanecer bajo control y asistencia permanente de Gendarmería de Chile y ejercer una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio u otro medio honesto de subsistencia salvo que fuera estudiante, señala la entidad.
Prohibición a empresas de contratar con el Estado
Las empresas, por su parte, recibieron sanciones que incluyen una prohibición de tres años para contratar con el Estado y multas de 10.000 UTM cada una, equivalentes a más de $660 millones al valor actual.
La sentencia detalla cómo Castro Sanguinetti, en conjunto con Hugo Bravo López, exgerente general de Penta, ofreció beneficios económicos a Iván Álvarez Díaz, fiscalizador del SII, entre 2007 y 2012. Álvarez recibió al menos $4 millones en efectivo y otros pagos a través de intermediarios como Jorge Valdivia Rodríguez, a cambio de favores tributarios.
Álvarez revisaba las declaraciones de Penta antes de su presentación oficial, evitando fiscalizaciones reales, consta en el fallo. Entre las acciones ilícitas, el exfuncionario manipuló sistemas informáticos para desbloquear declaraciones observadas y facilitar devoluciones indebidas, como los $33.656.388 obtenidos por Penta INF en 2010.
Delitos tributarios: boletas falsas y contratos ficticios
El fallo también condena a Castro Sanguinetti por liderar un esquema de delitos tributarios que abarcó desde 2008 hasta 2014. Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda. registraron boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas por más de $348 millones, simulando servicios nunca prestados.
Estas maniobras, que incluyeron a familiares de ejecutivos, redujeron artificialmente la base imponible del Impuesto de Primera Categoría, generando un perjuicio fiscal de $195.862.146 y $152.345.039, respectivamente.
Otro capítulo relevante involucra contratos forward manipulados entre 2013 y 2014. Según la sentencia, Castro Sanguinetti y otros ejecutivos acordaron operaciones ficticias con Asesorías VSA Ltda., generando pérdidas artificiales por $370.939.466.
El objetivo era rebajar la carga tributaria de las empresas, señala el documento judicial, que calcula un daño fiscal de $129.817.173 por este hecho.
Bonos encubiertos y evasión masiva
La investigación reveló que, entre 2009 y 2014, las empresas del grupo Penta utilizaron 329 boletas y 386 facturas falsas para ocultar pagos de bonos a ejecutivos, afectando a sociedades como Inversiones Banpenta S.A. y Penta INF S.A.
El perjuicio fiscal por esta práctica asciende a $947.091.388. De acuerdo con la sentencia, lo anterior se trató de una estrategia sistemática para evadir el Impuesto Único.
Castro Sanguinetti, además, omitió ingresos personales por $183.200.000 obtenidos vía forwards, evadiendo el Impuesto Global Complementario. Los dineros correspondían a remuneraciones por su trabajo en Penta, precisa la sentencia.
Responsabilidad empresarial
Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda. fueron condenadas por incumplir sus deberes de dirección y supervisión, según la Ley 20.393. La falta de modelos de prevención permitió que ejecutivos como Castro Sanguinetti cometieran delitos en su beneficio.
El fallo impone a ambas sociedades la publicación de la sentencia en el Diario Oficial como pena accesoria.
Un esquema de largo aliento
La sentencia abarca múltiples episodios delictivos. Entre 2009 y 2012, Castro Sanguinetti coordinó con Álvarez la revisión ilícita de declaraciones de empresas como Banpenta y Los Estancieros, utilizando claves confidenciales del SII.
En 2014, junto a Héctor Concha Marambio, facilitó boletas falsas a través de GS Outsourcing S.A., sumando un perjuicio de $67.961.790.
Así las cosas, de acuerdo con el documento legal, todos los delitos se configuran conforme al artículo 97 N°4 del Código Tributario, es decir, declaraciones maliciosamente falsas; y el artículo 250 del Código Penal –soborno-.
