Diputados oficialistas ingresan en la Suprema solicitud de remoción contra fiscal Cooper

Escala la arremetida contra el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego de que un grupo diputados oficialistas concretaran el ingreso, ante la Corte Suprema, de una solicitud de remoción contra el persecutor penal.

Recordemos que Cooper es quien está a cargo de la investigación en el Caso Sierra Bella, además de las indagatorias por presunto tráfico de influencias por parte de la diputada comunista Karol Cariola.

Así, en el documento de 47 páginas, al que tuvo acceso La Radio, acusaron que en las diligencias que envuelven a la diputada Cariola existieron graves irregularidades.

La arremetida legal contra Cooper fue anunciada la semana pasada, y, en ese momento, la diputada PC, Carmen Hertz, advirtió que el requerimiento sería ingresado a más tardar el lunes.

Los parlamentarios señalan que la fiscalía actuó de manera desproporcionada, lo que da pie a una negligencia manifiesta en el proceder de la investigación contra la diputada Cariola, lo que comprometería la credibilidad del Ministerio Público y significarían causales de remoción.

La solicitud se basa en las siguientes consideraciones:

1.- Desproporcionalidad en el Allanamiento. Tomando en cuenta que este se realizó el día del parto de la diputada Cariola, lo que según los legisladores representa una falta de sensibilidad y desproporcionalidad en las medidas tomadas.

2.- La presencia de errores en el Informe. En este punto se plantea que la solicitud de allanamiento se basó en un informe con “consideraciones erróneas” y omisiones graves, sin verificar la veracidad de los elementos presentados.

3.- Filtraciones de Información. Los diputados denuncian que Cooper permitió filtraciones de información reservada, afectando la privacidad de las involucradas, lo que contraviene los derechos fundamentales.

4.- No considerar normas de género. Según los parlamentarios, durante el desarrollo del allanamiento contra la diputada Cariola se pasaron a llevar normas internacionales para erradicar la violencia contra la mujer, como el Convenio de Belém y los acuerdos de la Convención sobre Derechos del Niño.

Solicitud de remoción contra fiscal Cooper

Son 10 los parlamentarios firmantes de este documento, entre parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio, Acción Humanista, Partido Socialista e independientes.

Una de las firmantes es la diputada comunista, Carmen Hertz, quien indicó que la solicitud realizada a la Corte Suprema posee argumentos suficientes para avanzar, considerando el “actuar negligente” del fiscal Cooper.

En ese sentido, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, también firmante de la solicitud, indicó que si bien el máximo tribunal es cauteloso sobre estas causas, confían en que será acogida.

De todas formas, las reacciones no tardaron en llegar. En este marco, la oposición endureció el tono planteando que, por medio de esta solicitud, los parlamentarios oficialistas buscarían presionar e incidir indebidamente en determinaciones de otro poder del Estado.

Al respecto se refirió el diputado y subjefe de Evópoli, Jorge Guzmán, quien planteó que es necesario cuidar la autonomía del Ministerio Público.

En esa misma línea, su par y jefe de bancada Republicano, Cristian Araya, llamó a dejar de lado, lo que calificó como una “defensa corporativa” hacia la diputada Cariola.

Constitución política

El diputado y jefe de bancada UDI, Gustavo Benavente, cuestionó el sustento práctico de la solicitud, asegurando que -más allá de la intencionalidad del recurso- los conceptos que se acusan son confusos, ambiguos y corresponden más bien a un criterio político.

En este contexto, el diputado y jefe de bancada del PS, Juan Santana, otro de los nombres que firmó el recurso, planteó que la presentación del recurso busca que este tipo de vulneraciones no se vuelvan a repetir.

¿Posee sustento jurídico la solicitud? La Constitución Política plantea en su artículo 89 que “el Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.

No obstante, según planteó el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, las críticas al fiscal Cooper se basan en una disconformidad con decisiones legales, y no necesariamente en negligencias.

Lo anterior, considerando que pese al reproche político, no existen cuestionamientos a las medidas que fueron autorizadas por el tribunal y que dieron pie a la polémica.

Junto con eso, el jurista aseguró que la autonomía del Ministerio Público está garantizada por la Constitución, por lo que las acciones que buscan limitar esa autonomía pueden ir en contra de la estructura de separación de poderes y colocar en riesgo la operatividad que significa esta división.

Dentro de los siguientes pasos del recurso, tras el ingreso formal de la solicitud, ahora deberá ser la Corte Suprema quien revise su admisibilidad.

“La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto”. Así, se deberá reunir la mayoría de sus miembros en ejercicio.