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Ad portas de su votación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Defensoría de la Niñez levantó una alerta sobre el proyecto de ley que modifica la ley N°20.084, sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Dicho proyecto, que se encuentra en su primer trámite constitucional, buscaría “fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad”.

Sin embargo, la institución de derechos humanos señaló que los cambios que introduciría esta modificación significan retrocesos en los derechos de la adolescencia, ya que generaría una normativa no pertinente y contraria a la evidencia respecto a las mejores formas para evitar el comportamiento delictivo y contribuir a la reinserción social de las y los adolescentes que han infringido la ley penal.

La moción parlamentaria busca endurecer las penas para adolescentes entre los 14 y 16 años, igualándolas a las penas del tramo 16-17 años cuando se trata de delitos especialmente graves.

Esto, señalan desde la Defensoría de la Niñez, perjudicaría directamente la reinserción social de los adolescentes más jóvenes, y así lo hicieron notar a la comisión de Constitución en noviembre pasado, cuando presentaron su opinión técnica y recomendaciones.

“El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile nos recuerda que un sistema penal juvenil no puede ser estrictamente punitivo, sino que debe avanzar en mecanismos que permitan, por una parte, aplicar la ley vigente y, por otra, contar con estrategias que hagan posible que los y las adolescentes puedan ejercer sus derechos y reincorporarse a la sociedad”, dijo el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

El Defensor de la Niñez explicó que este proyecto de ley “no es oportuno ni beneficioso al introducir nuevas modificaciones al Sistema de Justicia Juvenil, que desde el 2023 se está implementando gradualmente en todas las regiones del país y que cuenta con un nuevo organismo que reemplaza al Sename: el Servicio de Reinserción Social Juvenil”.

Defensoría de la Niñez

Otras de las aristas que ha levantado la Defensoría de la Niñez ante las y los parlamentarios dice relación con las trayectorias de vida de algunos adolescentes que se ven gravemente afectadas en su niñez.

“Sobre los datos analizados por nuestro Observatorio de Derechos, hemos detectado que al año 2020, el 61% de los adolescentes ingresados a responsabilidad penal adolescente tuvieron algún egreso previo en el sistema de protección. Junto con ello, identificamos un aumento de la internación provisoria, una sanción gravosa y que incide en el contacto criminógeno (…)”, precisó Anuar Quesille.

Por todo lo anterior, la Defensoría de la Niñez llama al Congreso a analizar la situación con mayor profundidad y preguntarse si los sistemas y programas orientados (y proyectados) para la prevención del delito y la reinserción social son capaces de generar las respuestas que se necesitan ante los nuevos desafíos del crimen organizado que utilizan y explotan a niños, niñas y adolescentes, y si consideran que estos adolescentes y sus trayectorias de vida fuertemente cruzadas por la violencia y vulneración de derechos.