Familia de Ojeda pide aclarar destino de $8 millones que Monsalve pidió como supuesta ayuda para ellos

El abogado de la familia de Ronald Ojeda, el exmilitar opositor al régimen de Nicolás Maduro que fue secuestrado y asesinado en Chile, Juan Carlos Manríquez, solicitó nuevas diligencias al fiscal Héctor Barros para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades en la filtración de información que habría permitido el crimen.

Uno de los puntos clave de la presentación apunta al rol del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien se pide se cite a declarar para que explique el uso de $8 millones en efectivo provenientes de gastos reservados, los cuales, según la prensa, fueron destinados a la familia de Ojeda, algo que estos niegan haber recibido.

En el documento, al que tuvo acceso La Radio, se solicita que “se informe el estado en que se encuentra la investigación de los gastos reservados del Sr. Monsalve, en aquella parte en que según la prensa habría rendido aproximadamente $8 millones traspasados en efectivo a la familia del Sr. Ojeda, lo que esta niega”, se lee en el escrito.

Además, se exige que el Ministerio del Interior y la Cancillería entreguen los antecedentes del convenio de colaboración con Venezuela firmado en la gestión de Monsalve, con el objetivo de verificar si este acuerdo vulneró el secreto legal del estatus de refugiado de Ojeda y si de alguna manera permitió que agentes extranjeros accedieran a información sobre su paradero.

Caso Ojeda

Otro punto relevante de la solicitud es la identificación de los responsables del secuestro. Se insiste en determinar si el oficial de inteligencia venezolano Alexander Granko Arteaga, señalado como uno de los secuestradores, ingresó ilegalmente al país, y si lo hizo acompañado de otros agentes vinculados al número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Ojeda fue secuestrado en febrero del año pasado desde su domicilio en Santiago por sujetos que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI. Su cuerpo fue encontrado días después en una toma en Maipú, lo que ha reforzado la hipótesis de una operación de inteligencia extranjera en suelo chileno.

El abogado querellante también pide que Monsalve explique si tuvo conocimiento previo de que agentes venezolanos realizaban vigilancia sobre Ojeda y su familia en Chile, y qué medidas tomó al respecto. Se exige que “ponga en conocimiento de la fiscalía los antecedentes por los cuales el Estado de Chile pudo detectar acciones ilícitas de espionaje, inteligencia o planificación del asesinato del Sr. Ojeda en Chile”.

La solicitud pone nuevamente en entredicho el rol de las autoridades chilenas en la seguridad de los refugiados políticos y reaviva las dudas sobre la posible presencia de agentes del régimen venezolano operando en el país.