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El abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de la familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, asesinado hace un año, aseguró que existen indicios serios para vincular al chavismo con el crimen, interpretando que este fue un mensaje dirigido a los opositores del régimen de Nicolás Maduro. Ojeda, disidente y asilado político en Chile, fue secuestrado por un grupo vestido como agentes de la PDI y su cuerpo fue encontrado sepultado después de diez días. Hasta la fecha, han sido detenidos integrantes de una organización vinculada al Tren de Aragua en distintos países, pero aún se busca determinar quiénes fueron los autores intelectuales y el motivo del crimen. La familia sostiene que el asesinato forma parte de un plan sistemático de persecución de opositores políticos. Ojeda, parte del Movimiento por la Libertad y la Democracia, generaba miedo en el régimen de Maduro, lo que llevó a su degradación y expulsión de Venezuela. Tras recibir asilo político en Chile, la viuda busca esclarecer si hubo negligencia por parte de las autoridades chilenas en facilitar la ubicación de Ojeda a las venezolanas, en virtud de un convenio bilateral de cooperación policial.
Previo al primer aniversario del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, el abogado Juan Carlos Manríquez en representación de su familia, aseguró que hay “indicios serios” para vincular al chavismo con el crimen.
Fue en conversación con EFE que Manríquez aseguró que, a su juicio, el crimen “sirvió” para mandar un mensaje a los opositores del régimen de Nicolás Maduro: “Nadie está a salvo”.
Recordemos que Ojeda era disidente y asilado político en Chile. Fue en ese contexto que fue secuestrado el pasado 21 de febrero de 2024, por un grupo de hombres vestidos como agentes de la PDI.
En ese momento, las cámaras del edificio captaron cómo lo sacaban de su departamento en el centro de Santiago. Posteriormente, su cadáver fue hallado 10 después, sepultado debajo de un bloque de cemento.
Caso Ojeda y posible vínculo con el régimen de Nicolás Maduro
Por este caso, hasta el momento han sido detenidos -en Chile, Colombia, costa Rica y Estados Unidos- integrantes de una célula vinculada al Tren de Aragua. Según dijo el abogado, aún falta por determinar “quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por este crimen”.
La familia del exteniente, dijo Manríquez, ha defendido siempre la participación del Gobierno venezolano y ha dicho que el crimen forma parte de “un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos, en cuya planificación e incluso ejecución pudieran haber participado agentes estatales altamente preparados”.
“No se trata solo de un homicidio horrendo, sino de un plan de eliminaciones selectivas en distintas partes de las Américas”, insistió.
Agregando que “la Fiscalía cuenta hasta ahora con indicios criminalísticos serios (…) hay al menos tres testimonios, más otras evidencias indirectas, que señalan que miembros de la organización estaban en contacto directo con autoridades políticas o militares venezolanas”, agregó el abogado sobre la investigación que es de carácter reservado y que se extendió durante seis meses más.
“Generaba miedo e irritación”
De 32 años, Ojeda era parte de un grupo de militares antichavistas autodenominado Movimiento por la Libertad y la Democracia, contrarios al “secuestro de las Fuerzas Armadas para una causa política” y que negaban la autoridad de Maduro como presidente y comandante en jefe, explicó Manríquez.
Fue arrestado por las autoridades venezolanas en abril de 2017 junto con otros tres militares, pero logró escapar. Un año después, el régimen de Maduro publicó un decreto en el que degradó y expulsó sin juicio previo a 24 oficiales, entre ellos el propio Ojeda.
Ya en Chile, el exmilitar alcanzó cierta notoriedad cuando en noviembre de 2022 se manifestó de rodillas y con una bolsa en la cabeza frente a La Moneda contra el chavismo y se convirtió en “un nombre emergente en la resistencia de la diáspora venezolana, particularmente en los cuerpos jóvenes armados”, aseguró Manríquez.
“Era una persona que generaba demasiada irritación y miedo en las estructuras políticas que ordenaron, según la Fiscalía, perseguirlo y ejecutarlo (…) Había miedo de que lo que Ojeda significaba y defendía siguiera creciendo”, añadió.
En 2023, el Gobierno chileno le concedió asilo político y, según su familia, ahí comenzó su condena.
Además de dar con los autores intelectuales del crimen, su viuda pide investigar si “por negligencia, desidia, mala fe o simple descuido” las autoridades chilenas facilitaron a las venezolanas la ubicación de Ojeda.
Lo anterior, en virtud de un convenio de cooperación bilateral en materia policial firmado entre ambos países semanas antes del asesinato del exteniente, apuntó el abogado.
“La familia cree que pudo haber habido negligencia en el tratamiento de sus datos de asilo. Es una de las distintas líneas de investigación que la Fiscalía está obligada a profundizar”, sostuvo.
En cualquier caso, concluyó Manríquez, “Ojeda era necesario para manifestarle a todos los jóvenes disidentes que nadie estaba a salvo en ninguna parte, que iban a ser ejecutados allá donde estuvieran”.
