Defensores del Caso SQM critican extenso juicio oral: investigación inició en 2014

A casi dos años de iniciado el juicio del Caso SQM, abogados defensores de los acusados han criticado la dilación innecesaria del proceso judicial, acusando posibles vulneraciones a sus representados. La investigación comenzó hace 10 años; sin embargo, todavía quedan aristas a la espera de un fallo judicial.

Se trata de uno de los casos que significó un verdadero terremoto para la política chilena, con una indagatoria que ha manchado y puesto en tela de juicio a personeros desde la UDI hasta el PS.

El polémico financiamiento a la política desde entidades privadas como la Sociedad Química y Minera de Chile, más conocida por sus siglas SQM, junto a otras empresas que se vieron involucradas en estas controversias, llegaron hasta la justicia, sin embargo, los tiempos de los procesos no han sido los esperados.

Fue en 2014 que el Ministerio Público inició la investigación a importantes figuras de la política chilena, como el exministro de Economía durante el gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, entre otros personajes que fueron apareciendo durante la investigación.

Según la indagatoria, SQM, controlada por el empresario Julio Ponce Lerou, pagó entre 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas, con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y presidenciales de casi todo el espectro de la clase política tradicional de Chile, incluyendo las campañas de los candidatos a la presidencia Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami en 2009.

El abogado defensor de Patricio Contosse, ex director ejecutivo de Sociedad Química y Minera de Chile, Samuel Donoso, calificó de “insólito e impresentable” el tiempo que ha demorado el desarrollo del juicio.

Cabe señalar que la causa ha sido separada en varias aristas. Por ejemplo, en agosto de 2021, la Fiscalía a cargo de la persecutora Claudia Perivancich decidió no perseverar en las investigaciones de 32 de los acusados, por no haber querella por parte del Servicio de Impuestos Internos.

En cuanto a la extensión del proceso, los abogados defensores de los acusados en el caso aseguran que se estarían vulnerando sus garantías como imputados, como el derecho a tener una justicia accesible y oportuna.

El abogado defensor de Marco Enríquez-Ominami, Ciro Colombara, criticó que incluso fueron puestos a disposición abogados del Ministerio Público con dedicación exclusiva para este caso, pero que ni aun así se ha logrado acortar el juicio.

El ex abogado litigante del CDE y que representó su querella en el caso, Rodrigo Reyes, sostuvo que es inaceptable tanta demora en los procesos judiciales, ya que esto va en contra de lo que se buscaba con la reforma procesal penal.

Analizando las causas y efectos de estos largos procesos judiciales, los expertos advierten que se han generado debido a la gran cantidad de leyes que han sido promulgadas y que han significado una mayor carga para los tribunales de justicia y sus funcionarios, pero que no han sido reforzados con las debidas inyecciones de recursos y empleos para dichas responsabilidades.

El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Aprajud, Patricio Aguilar, incluso lamentó el recorte presupuestario de más de 17 mil millones de pesos que sufrió el PJUD para el próximo año.

Según señalaron fuentes de La Radio, el juicio podría tener un término cerca del mes de mayo, mientras que el veredicto podría esperarse para junio o julio del presente año, en tanto en las audiencias siguen leyendo repetitivamente el detalle de las pruebas documentales.