
VER RESUMEN
Herramienta desarrollada por BioBioChile
Nuevos antecedentes revelan que la exministra Marcela Sandoval y funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales alertaron en tres ocasiones a Presidencia sobre los problemas que podría acarrear la millonaria compra de la casa del expresidente Salvador Allende, en la que estuvieron involucradas la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, quienes están inhabilitadas constitucionalmente para negociar con el Estado. Estos hechos han generado una ofensiva desde la oposición, con una Acusación Constitucional contra la secretaria de Estado, así como un requerimiento en el Tribunal Constitucional. La Fiscalía también inició una investigación, liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Funcionarios de Bienes Nacionales alertaron sobre los problemas comunicacionales que surgirían, pero la respuesta desde La Moneda fue evasiva debido a una investigación penal en curso.
La exministra Marcela Sandoval y funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales alertaron en al menos tres ocasiones a Presidencia de los problemas que podría generar la millonaria compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Se trata de nuevos antecedentes que complican aun más a La Moneda, pese a que el Gobierno ya desistió del negocio que involucró a la ministra de Defensa, Maya Fernández; además de su tía, la senadora Isabel Allende.
El problema para el Gobierno es que el negocio no consideró que tanto la ministra Fernández, como la senadora Allende, están inhabilitadas constitucionalmente para realizar negocios con el Estado.
Por lo anterior, desde la oposición activaron una ofensiva tanto al interior del Congreso, con una Acusación Constitucional en contra de la secretaria de Estado, así como un requerimiento en el Tribunal Constitucional.
Además, la Fiscalía inició una investigación que encabeza el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego de una querella contra el presidente Gabriel Boric presentada por un abogado ligado al Partido Republicano.
Esta vez, los antecedentes revelan que La Moneda fue advertida de los problemas comunicacionales que iba a generar la millonaria compra de la casa del exmandatario a la familia Allende.
Según publica Ciper Chile, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, además de la propia exministra Marcela Sandoval, alertaron por los efectos políticos y comunicacionales dado que se trataba de un negocio con una secretaria de Estado, pero sin apuntar a que la Constitución lo prohíbe.
De acuerdo al mismo medio de investigación periodística, Sandoval contactó a Leonardo Moreno, asesor presidencial, para expresar reparos de su equipo sobre el proyecto. Sin embargo, Moreno habría señalado que era un problema comunicacional del que se haría cargo Presidencia y Bienes Nacionales solo debía ejecutar la parte técnica.
Incluso, hubo una segunda reunión entre los gabinetes de Bienes Nacionales, Subsecretaría de Patrimonio junto a Leonardo Moreno, donde se insistió en los reparos. De hecho, se plantearon alternativas a la compra directa, como donaciones o cesiones de uso de los inmuebles de las familias Aylwin y Allende.
Si bien en un inicio desde La Moneda explicaron a Ciper que “a lo largo del proceso, no se formalizaron reparos o advertencias a la Presidencia de la República”.
No obstante, tras conocer de las alertas desde Bienes Nacionales, desde el Ejecutivo evitaron responder amparándose en que “existe una investigación penal en curso, en la que ya han declarado y colaborado distintos funcionarios de Gobierno. Por lo que no hay versión de Presidencia ante la consulta”.