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La Primera Sala del Tribunal Constitucional revisará el requerimiento de inhabilidad como ministra contra la titular de Defensa, Maya Fernández, debido a la controvertida venta de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende. La acción fue presentada por los abogados John Reid Echenique y Raimundo Palamara Stewart, quienes argumentan que la firma del contrato de compraventa por $933 millones por parte de Fernández la inhabilita para su cargo, ya que los funcionarios públicos no pueden suscribir acuerdos de esta índole. En caso de ser aprobado, su destitución sería inminente. Chile Vamos había amenazado con una acción similar, pero hasta ahora solo lo había realizado contra la senadora Isabel Allende, también dueña de parte de la propiedad en cuestión.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional revisará este miércoles el requerimiento de inhabilidad como ministra contra la titular de Defensa, Maya Fernández, luego de la fallida venta de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.
Según la tabla a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, el requerimiento es el último punto a revisar, a cargo del relator José Leyton Jiménez.
Se trata de un acción que fue interpuesta por los abogados John Reid Echenique, quien fue exseremi durante la primera administración de Sebastián Piñera; y Raimundo Palamara Stewart, militante del Partido Republicano.
En el libelo, se da cuenta que el pasado 30 de diciembre se firmó el contrato de compraventa por $933 millones en la Quincuagésima Notaría de Santiago entre el Ministerio de Bienes Nacionales y los dueños de la casa de Guardia Vieja 392 ―comuna de Providencia―, entre los que estaba Maya Fernández.
Con este acto, apunta el documento, se concretó la acción que inhabilita a la secretaria de Defensa para ejercer su actual cargo, pues los funcionarios públicos no pueden suscribir acuerdos de este tipo.
“La suscripción de contratos es causal de inhabilidad para toda autoridad o funcionario público que suscriba un contrato de más de 200 UTM con el organismo correspondiente”, se indica.
“Luego, para los ministros esta prohibición es de mayor restricción que para el resto de los funcionarios o autoridades, pues según la norma constitucional, se les prohíbe suscribir cualquier contrato con el Estado durante el ejercicio de sus funciones”, explica el documento.
Aunque Chile Vamos había amenazado con interponer una acción ante el Tribunal Constitucional contra la ministra Fernández, hasta el momento sólo lo había hecho contra la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario y también dueña de parte del inmueble en cuestión.
Según comentó Palamara en conversación con BBCL Investiga, el requerimiento en conjunto con Reid al TC fue presentado en calidad de ciudadanos. De ser aprobado, la ministra resultará destituida de su cargo.
