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La PDI concluyó que los principales involucrados en el Caso Democracia Viva -Daniel Andrade, Catalina Pérez y Carlos Contreras- borraron conversaciones en WhatsApp en un intento por ocultar un posible tráfico de influencias, lo que fue revelado en un informe policial relacionado con la petición de desafuero en contra de la parlamentaria ex Frente Amplio por Antofagasta. El caso involucra millonarios traspasos desde la Seremi del Minvu en Antofagasta a la fundación de Andrade, autorizados por Contreras, exseremi y exjefe de gabinete de Pérez en el Congreso. Pérez eliminó todas las conversaciones con Andrade en WhatsApp, mientras Contreras manipuló su celular al borrar diálogos, aunque estos fueron recuperados. El informe también señala un presunto tráfico de influencias entre Contreras, Andrade y Pérez para proteger a esta última, quien según la Fiscalía tenía conocimiento directo de las gestiones de la fundación y la Seremi. Pérez expresó preocupación por filtraciones de la carpeta investigativa, calificándolas como parte de una estrategia comunicacional.
La Policía de Investigaciones (PDI) concluyó que los principales involucrados en el Caso Democracia Viva -Daniel Andrade, Catalina Pérez y Carlos Contreras- borraron conversaciones en WhatsApp, en un intento por ocultar un eventual tráfico de influencias.
Se trata de un informe policial que se realizó a los teléfonos celulares, en el marco de la petición de desafuero en contra de la parlamentaria (ex Frente Amplio) por Antofagasta.
Recordemos que dicho caso, según acusa el Ministerio Público, contempló millonarios traspasos desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la región de Antofagasta a la fundación liderada por Andrade.
Esto, autorizado por el también imputado -y exseremi- Carlos Contreras, quien igualmente fue exjefe de gabinete de la diputada Pérez en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Según revela este martes El Mercurio, en uno de los informes de diciembre pasado, se indica que la diputada Pérez “borró todas las conversaciones existentes entre ambos de la mencionada aplicación”.
Y si bien su historial estaba limpio, el teléfono del exseremi Contreras aún tenía el registro de los diálogos.
Asimismo, el documento indica que “se constató que Contreras Gutiérrez manipuló su celular, ya que fueron borradas todas las conversaciones por Whatsapp que mantuvo con Daniel Andrade, las que quedaron registradas al ser reenviadas por Daniel Andrade”.
“En relación con las conversaciones por WhatsApp de uno de los celulares de Daniel Andrade se puede concluir que: se pudo advertir que el imputado Daniel Andrade Schwarze manipuló su celular para borrar todas sus conversaciones por la aplicación de WhatsApp que tuvo con el imputado Carlos Contreras Gutierrez”, indica el informe.
“Sin embargo, hay registros que estas existieron, ya que Andrade reenvía (…) conversaciones entre ambos, en donde Contreras Gutiérrez le entrega su opinión y sugerencias relacionado a temas rerritoriales, relacionadas a campamentos en Antofagasta”, añade el documento.
Pero también, el informe de la PDI concluye que “existen antecedentes para indicar que existió tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras, Daniel Andrade Schwarze y Catalina Pérez Salinas, existiendo entre ellos una estrategia para proteger a Catalina Pérez Salinas, realizando acciones para ocultar y borrar información”.
Cabe destacar que según la Fiscalía, Pérez habría tenido conocimiento directo sobre las gestiones de la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, desempeñando un rol activo en la tramitación de contratos y el manejo de crisis.
De hecho, uno de los mensajes vía WhatsApp revelados incluye el envío del contacto del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, un día después de que el caso saliera a la luz.
Incluso, su abogado, Guillermo Chahuán, confirmó que hubo conversaciones con la diputada Pérez durante un encuentro oficialista en Cerro Castillo.
Ante las revelaciones, mediante un video en redes sociales, la legisladora expresó su preocupación por las “múltiples filtraciones de la carpeta investigativa de la Fiscalía, en una causa reservada”; cuestionando que “parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la Fiscalía me acusa”.