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La defensa del general (r) de la FACh, Roberto Avendaño, solicitó su sobreseimiento definitivo tras ser formalizado por el delito de homicidio culposo por la caída del avión Hércules C-130 en el Paso Drake en 2019, que causó la muerte de 38 pasajeros. Se le imputó haber otorgado un certificado de aeronavegabilidad al avión a pesar de no cumplir con las condiciones técnicas, alegando que confió en certificaciones anteriores. La defensa también pidió la prescripción de la acción penal, argumentando que han pasado más de cinco años sin presentarse querellas nominativas en su contra. El Ministerio Público contradice estos argumentos, mencionando una querella en noviembre de 2024 y la interrupción del plazo de prescripción. La audiencia se suspendió y se retomará para definir el sobreseimiento, la prescripción y las medidas cautelares.
La defensa del general (r) de la FACh, Roberto Avendaño, solicitó su sobreseimiento definitivo tras ser formalizado por el delito homicidio culposo por la caída en el Paso Drake del avión Hércules C-130 en 2019, que provocó la muerte de sus 38 pasajeros.
A Avendaño se le imputó haber otorgado un certificado de aeronavegabilidad a la aeronave, pese a que no cumplía con las condiciones técnicas para volar y que afectó a una de sus hélices.
Su abogado, Jorge Martínez, explicó ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas que dicho certificado fue otorgado como consecuencia del “principio de confianza” de la instituciones, tras constatar, según sus funciones, que los generales que lo antecedieron “verificaron las condiciones técnicas del avión”.
La defensa pidió, en subsidio, la prescripción de la acción penal, ya que han pasado más de cinco años desde el siniestro, ocurrido el 9 de diciembre de 2019, y desde entonces no se presentó ninguna querella nominativa en contra de Avendaño, asegurando que tampoco él cometió algún delito.
El Ministerio Público, representado por el fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González, retrucó señalando que en noviembre sí hubo una ampliación de querella expresamente en contra del general retirado.
Además, se formalizó la investigación antes del 9 de diciembre de 2024, lo que a juicio de la Fiscalía tuvo la “idoneidad” de interrumpir el plazo de prescripción.
Al término de la audiencia de ayer, el Ministerio Público rebatió los argumentos de la defensa sobre el rol del general Avendaño en la certificación de aeronavegabilidad, que no se limitó, según el ente persecutor, a constatar simplemente que se realizaron las especificaciones técnicas respectivas.
La audiencia se suspendió y se retomará este viernes 17 de enero para que aleguen los querellantes y se defina el sobreseimiento, la prescripción y las medidas cautelares en caso que correspondan.
