Miembros de la Asociación Nacional de Fiscales se entrevistaron en Santiago con autoridades de la Dirección de Presupuesto, en un encuentro que había sido agendado con el objetivo de tratar diversas materias, aunque sin duda la que más tiempo ocupó fue la merma en los recursos para el Ministerio Público.

Una de las directoras en la cita fue la fiscal de Concepción Maritza González, quien subrayó en la gravedad que significaría mantener el recorte de 7 mil millones de pesos, pues dijo podría llevar a tener que dejar de lado algunas indagatorias y por eso la petición a la Dipres para revertir la medida.

“(…) Que el recorte sea evaluado en abril, a nosotros no nos sirve, las investigaciones están en curso, por lo tanto, se necesita que se preste la mayor celeridad a este asunto”, sostuvo la persecutora.

“Metida de pata”

Y es que las platas que no llegarán al Ministerio Público son las que financian por ejemplo peritajes, entre otras diligencias, y de allí la preocupación también en el Legislativo, como lo hizo ver la diputada Flor Weisse (UDI), al advertir que privar de recursos a la Fiscalía impactará en las investigaciones por homicidios en Lota y la violencia rural en la Provincia de Arauco.

“(…) Es urgente que el Gobierno reponga estos recursos y ponga fin a esta desconexión con las verdaderas preocupaciones y necesidades de la gente”, indicó la parlamentaria.

La diputada de la Comisión de Justicia, Pamela Jiles, calificó como “una nueva metida de pata” del gobierno esta decisión, considerando que la seguridad y el combate del crimen organizado es una de las principales preocupaciones de la gente.

“En medio de la grave crisis de seguridad que vivimos, es totalmente incomprensible el recorte de $7 mil millones en el presupuesto al Ministerio Público, que decidió hacer el Gobierno”, precisó la legisladora.

Recalcando que “es evidente que esta decisión va a afectar la gestión de los fiscales y de todo el Ministerio público” (…)”.

Recorte en el presupuesto

En el Colegio de Abogados de Concepción, la preocupación apunta al debilitamiento de la institucionalidad que un recorte presupuestario en un organismo estatal puede significar, según lo expresó la consejera Liliana Silva.

“Si bien en la situación económica actual, resulta entendible el recorte de presupuesto en reparticiones públicas, creemos que esto no puede tener como consecuencia el debilitamiento de nuestra institucionalidad (…)”, indicó Silva.

A los 7 mil millones en el Ministerio Público se suman también los 14 mil millones de pesos recortados al presupuesto del Poder Judicial, decisión que también se está pidiendo desde la Corte Suprema sea reconsiderada.