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Los diputados de la UDI, Marta Bravo y Daniel Lilayu, piden máxima urgencia al proyecto de ley que busca sancionar con mayor severidad los actos de violencia contra trabajadores de salud, tras un incidente en SAR La Bandera en San Ramón, donde un hombre armado amenazó a funcionarios y pacientes. Destacan la necesidad de proteger al personal sanitario ante alarmantes niveles de violencia, con más de 6.000 denuncias en 2022 y tendencia creciente en 2023. El proyecto busca multar agresiones físicas, verbales y psicológicas, obligando a centros de salud a informar sobre sanciones para desincentivar estos actos. Llaman a respaldo político para garantizar bienestar en el sistema de salud y de la población.

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Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Marta Bravo y Daniel Lilayu, solicitaron al Gobierno otorgar máxima urgencia al proyecto de ley que busca sancionar con mayor severidad a los actos de violencia verbal o psicológica, dirigidos contra los trabajadores de salud.

La solicitud es realizada en el contexto de un grave incidente ocurrido en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) La Bandera, en San Ramón; donde un hombre armado con un cuchillo, un palo y una piedra amenazó a funcionarios y pacientes.

Los parlamentarios gremialistas destacan la urgencia de legislar esta propuesta, para proteger al personal sanitario y a quienes diariamente enfrentan agresiones físicas y psicológicas en el ejercicio de sus funciones.

Recalcan que los niveles de violencia en centros de salud han alcanzado cifras alarmantes, con más de 6.000 denuncias en 2022 y una creciente tendencia durante 2023.

La diputada Marta Bravo señaló que el reciente caso en San Ramón, “es solo un ejemplo de lo que nuestros trabajadores de la salud enfrentan cada día. Es inaceptable que quienes dedican su vida a cuidar a otros tengan que hacerlo en un clima de inseguridad y temor. Necesitamos actuar ahora para frenar esta violencia”.

Por otro lado, Lilayu agregó que el proyecto de ley propone sancionar, con multas más severas, no solo las agresiones físicas, sino también los tratos verbales y psicológicos.

Por lo que recalcó que esto “obliga a los centros de salud a informar visiblemente sobre las sanciones, para desincentivar estas conductas”.

Ambos legisladores llaman a todos los sectores políticos a respaldar esta iniciativa, subrayando que se trata de una medida esencial para garantizar el bienestar de quienes trabajan en el sistema de salud y, por ende, de toda la población.