Durante esta tarde, los jefes de bancada de Chile Vamos, Ximena Ossandón (RN), Gustavo Benavente (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), resolvieron presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno.
Esto, tras la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados de un acuerdo que manifiesta el rechazo a la política gubernamental de adquisición de inmuebles patrimoniales, además de la solicitud de antecedentes al Presidente Gabriel Boric para esclarecer las irregularidades en la fallida compra del inmueble.
La acción busca que el pleno del Tribunal Constitucional califique las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 60 de la Constitución, el cual prohíbe explícitamente a los parlamentarios en ejercicio celebrar contratos con el Estado de Chile.
Específicamente, los parlamentarios de Chile Vamos buscarán determinar responsabilidades respecto a la senadora socialista Isabel Allende, nieta del otrora jefe de Estado.
Al respecto, el diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI cree que es “importante que como Chile Vamos, nos hayamos tomado el tiempo suficiente para realizar una presentación sólida jurídicamente y que tenga todos los elementos necesarios para que la acción sea acogida favorablemente por el TC”.
Fallida compra de casa y TC
Además, el parlamentario agregó que “como Chile Vamos actuaremos en conjunto en materias de fiscalización y en otras acciones, dando muestras de gobernabilidad para los chilenos”.
Por otro lado su par, la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional señaló que tienen certeza en “que la senadora Allende ha incurrido en una causal de cesación en el cargo”.
Finalmente, Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli, dijo que “es de responsabilidad ejercer todas las acciones que nos entrega la ley para que existan sanciones por la vulneración evidente a la norma constitucional por parte de la senadora Allende y la ministra Fernández”.
“No hacerlo es ser cómplice de un ilícito constitucional demasiado evidente y que debe ser sancionado en conformidad a la ley. Anticipar el resultado del Tribunal por su composición política es debilitar fuertemente la institucionalidad del país“, puntualizó el diputado.