En el marco de la masiva formalización y reformalización de los 16 imputados por Caso Audios y Factop, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, descartó la posibilidad de ampliar el anexo penitenciario “Capitán Yáber”.
El penal de Santiago, está dedicado a personas imputadas o condenadas por casos de alta connotación pública que no impliquen violencia extrema, y tiene capacidad para un máximo de 16 internos.
Algunos de los reclusos más conocidos son Rafael Garay (condenado por estafa), Luis Hermosilla (en prisión preventiva por Caso Audios), y el último trasladado desde la cárcel de Rancagua, Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, quien cumple prisión preventiva por delitos de violación y abuso sexual, siendo el único interno por un delito de este tipo.
En entrevista con Radio ADN, el ministro se refirió al establecimiento, afirmando que una ampliación no está en sus prioridades, sino que más le preocupa aumentar el aforo y mejorar las condiciones generales de las cárceles del país, dado el problema de sobrepoblación.
“Hoy tiene cupos todavía disponibles y, por ende, no hay sobrepoblación. Sin embargo, tenemos problemas. Por ejemplo, en Copiapó tenemos un 200% (de sobrepoblación)”, explicó.
Negó, además, la posibilidad de construir un centro para mujeres con las mismas características del anexo. Esto debido a que, actualmente, hay solo una vinculada a delitos económicos de alta connotación: Leonarda Villalobos, imputada del Caso Hermosilla.
“Nuestro enfoque está en mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad que están embarazadas o tienen hijos menores de dos años“, aclaró.
El Plan Maestro
La semana pasada, Gajardo presentó el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2025-2030, que contempla 6 obras, 14 proyectos y 11 iniciativas, cuyo objetivo es agregar más de 20 mil plazas en las cárceles del país para abordar la creciente sobrepoblación.
“Cuando asumimos como Gobierno teníamos ocupada un 97,3% del total de las cárceles. Hoy por hoy, tenemos más del 30% de sobrepoblación, es decir, hemos aumentado en prácticamente 20 mil plazas en los últimos tres años. Eso implica que nuestro país tiene que enfrentar este desafío”, señaló.
Sin embargo, con el recorte presupuestario, el Ministerio Público enfrenta una reducción de $7 mil millones.
Ante este escenario, el titular de Justicia afirmó que se trata de una medida preventiva establecida por la Ley de Presupuestos y que eso no detendrá sus planes de modernización penitenciaria.