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En el marco del proyecto minero Dominga, el abogado Benjamín Altamirano, en representación de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitó al Primer Tribunal Ambiental un nuevo plazo para cumplir con la sentencia del 9 de diciembre de 2024, generando incertidumbre en torno al proyecto.
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En el marco del proyecto minero Dominga, el abogado Benjamín Altamirano, en representación de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, ingresó un escrito para solicitar al Primer Tribunal Ambiental un nuevo plazo para cumplir con lo dispuesto en la sentencia del 9 de diciembre de 2024.
Es decir, se vuelve a instalar la incertidumbre respecto a esta polémica iniciativa.
Tanto Andes Iron como el Sindicato Nacional de Interempresas de Faeneros de Chile (Fadechi) se opusieron a la solicitud del Gobierno.
El documento ingresado señala que “teniendo en consideración las actuaciones que se han descrito, la necesidad de contar con un tiempo prudencial, no solo para que el comité de ministros sesione, sino también para que la Secretaría Técnica proponga un texto de acuerdo, basado en lo resuelto y se emita en la resolución final, es que se solicita conceder un nuevo plazo para poder cumplir con lo dispuesto en la parte resolutiva (…)”.
“Solicitamos que ese plazo considere también que las partes del procedimiento administrativo de reclamación han realizado presentaciones adicionales, las cuales deben ser debidamente ponderadas, expuestas al comité de ministros y resueltas”, añade el escrito.
Comité de ministros
Siete días después del plazo fijado por el Primer Tribunal Ambiental, el Comité de Ministros votará mañana el polémico proyecto minero.
Será un Comité de Ministros, pero sin ministros, ya que todos los que participaron en la sesión de 2023 que rechazó la iniciativa están inhabilitados para esta ocasión, por lo que su representación será con subrogantes de las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.
La sesión tendrá la presencia de tres jefes de Divisiones Jurídicas, al estar inhabilitados los subsecretarios que debían subrogar, por haber emitido un juicio con antelación: hablamos del subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, y la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández.
Todo esto, tras un largo proceso que involucró también a la Contraloría General de la República, que debió definir los criterios de subrogación y que el viernes se pronunció al respecto.
Dominga es un proyecto minero y portuario de US$2.500 millones ubicado en La Higuera, cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que ha enfrentado oposición debido a los posibles impactos ambientales.
El proyecto fue rechazado en enero de 2023 por el comité de ministros, pero esta decisión fue anulada en diciembre de 2024 por el Tribunal Ambiental por falta de parcialidad.
En la instancia, se estableció que el plazo para repetir la votación sería el 31 de diciembre de 2024, sin embargo, antes de que se cumpliera la fecha, el comité se reunió de forma extraordinaria y se definió la inhabilitación total de los participantes.
De ahí estallaron las críticas de la oposición y de los expertos, acusando ilegalidades y desacato por parte de la autoridad.
Resolución
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que los integrantes del comité deberán decidir sobre el informe del servicio.
Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA y abogado de Oceana en la causa, señaló que en esta instancia deben revisarse más de un centenar de asuntos que no han sido resueltos adecuadamente en el proceso de evaluación y que los reclamantes le han hecho saber al comité de ministros.
En el Parlamento hay dos posiciones contrapuestas: rechazar el proyecto es la opción que impulsa el oficialismo y eliminar este controvertido comité es la opción de la oposición, quienes acusan una desvirtuación del proceso de evaluación.
El diputado del partido Ecologista Verde, Félix González, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, pidió rechazar el proyecto Dominga y criticó las propuestas de eliminar el Consejo de Ministros.
En contraparte, el diputado republicano, José Carlos Meza, afirmó que el caso Dominga demuestra la necesidad de eliminar el Comité de Ministros. Criticó al gobierno por querer frenar el proyecto y destacó que las instancias judiciales han validado que cumple con la normativa legal.
Esa misma línea es la que sigue Andes Iron, propietaria de Dominga. Francisco Vilallón, gerente de Desarrollo Sostenible de Andes Iron, llamó al gobierno a respetar las decisiones de la justicia ambiental.
El Comité de Ministros tiene su decisión limitada por las sentencias previas y debe evitar introducir nuevos argumentos o revisiones más allá de lo que ya resolvió el tribunal, para garantizar la seguridad jurídica y evitar dilaciones administrativas, pero también reduce las posibilidades de revisar el proyecto desde nuevas perspectivas.
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