Este lunes se realizará la quinta sesión de la comisión especial investigadora, encargada de reunir información relativa a los actos del Gobierno, en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación ProCultura, desde el 2019 a la fecha.
Recordemos que, actualmente, la organización está siendo investigada por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y lavado de activos.
Ahora, en la Cámara de Diputadas y Diputados se citó al jefe de Asesores del Presidente de la República, Miguel Crispi; y al exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien fue suspendido de su cargo en el marco del caso Audio.
A ellos se suma el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos -en reemplazo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien se encuentra a cargo del caso-; y el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier.
Fue entre el febrero y diciembre de 2022 que Miguel Crispi se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional, y debió haber autorizado el uso de fondos públicos por parte de ProCultura.
Sin embargo, las veces en que ha sido citado a entregar mayores antecedentes ha decidido no hacerlo, por su cargo como asesor del presidente Gabriel Boric.
Comisión especial investigadora por caso ProCultura
El presidente de la instancia, Andrés Longton (RN), afirmó que entre las preguntas que se le harían a Crispi tendrían relación con el tipo de vínculos entre autoridades del Gobierno con integrantes de ProCultura.
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La diputada del Partido Social Cristiano, Yovana Ahumada, estuvo de acuerdo, y señaló que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debiera poder responder sobre los responsables de este caso.
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Por su parte, la diputada independiente del Comité Mixto Radical-Liberal, Viviana Delgado, señaló que en esta comisión esperan esclarecer la verdad y el gasto de estos recursos, y que no es posible que personas en cargos públicos “normalicen la corrupción”.
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ProCultura, del psiquiatra Alberto Larraín, tenía convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Biobío, por cerca de 609 millones de pesos.
Además de convenios con los Gobiernos Regionales de Antofagasta, Metropolitano, Ñuble y Magallanes. Esto, para la restauración de fachadas, realización de eventos e implementación de un programa de salud mental, todo avaluado en más de 2 mil 600 millones de pesos.