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La ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, se refirió a los procesos de regularización y expulsión de migrantes en Chile, puntualizando que la posible regularización no incluirá a los 182 mil empadronados, sino que se evaluará a quienes podrían postular. Destacó que el proceso de regularización es acotado, con 180 mil personas involucradas, menos que en el gobierno anterior. Subrayó que el protocolo de expulsión ha funcionado efectivamente, con una disminución del 37% en ingresos irregulares, y un aumento en las expulsiones este año. Detalló que el protocolo busca mejorar la coordinación entre organismos públicos, acelerar los plazos de expulsión y priorizar estratégicamente a las personas a ser expulsadas.

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Este lunes, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, se refirió a los procesos de regularización y de expulsión de migrantes desde el territorio nacional.

Recordemos que previamente, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aclaró que una posible regularización no corresponde a los 182 mil empadronados, sino que se realiza una evaluación sobre esas personas que podrían postular.

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Ahora, en conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado comenzó destacando que el proceso para regular migrantes “es acotado”.

“En el caso de lo que se está estudiando del Ejecutivo, estamos hablando de 180 mil personas que es bastante menos a lo que se hizo en el gobierno anterior, donde superaron los 300 mil”, complementó.

Agregando que “en paralelo, está protocolo de expulsión porque sabemos que hay personas en situación irregular que además están involucradas con crímenes o delitos (…) eso ha funcionado mejor. Hoy tenemos una baja de un 37% sostenida en los ingresos irregulares, denunciados, según los datos de la PDI”.

“Además, hemos avanzado en expulsiones, teniendo este año el número más alto de los últimos 5/6 años. Por lo tanto, funciona, necesita funcionar mejor y es por eso que existe este protocolo”, dijo.

Protocolo de expulsión

En esa línea, Etcheverry detalló que el protocolo lo que hace es “tratando de encontrar formas nuevas y diferentes de hacer las cosas, generar una mejor coordinación entre los organismos públicos que están involucrados en el proceso de expulsión”.

“Segundo, acelera los plazos y los plazos de expulsión se reducen sustantivamente y lo tercero es que se hace una priorización estratégica en base a las características de las personas que tienen que ser expulsadas y la urgencia de que esas personas salgan del país”, cerró la ministra.