Oscuro y complejo se ha tornado el panorama judicial de la diputada que hasta hace pocos días militaba en el Frente Amplio, Catalina Pérez.
La parlamentaria, que ha insistido desde un comienzo en su inocencia y desconocimiento de los convenios obtenidos por la Fundación Democracia Viva, deberá enfrentar la solicitud de desafuero ingresada el día de ayer por la fiscalía Local de Antofagasta.
A más de un año de que comenzara la investigación, que inició con el caso Convenios, el Ministerio Público recurrió a la Corte de Apelaciones para solicitar el desafuero de quien también es expareja del representante legal de la fundación, Daniel Andrade.
La solicitud fue presentada por el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristián Aguilar, luego de los mensajes conocidos a través de filtraciones de la prensa.
En dichas conversaciones, se evidenciaría el conocimiento por parte de la diputada de los convenios sostenidos por Democracia Viva con el Ministerio de Vivienda en Antofagasta, por más de $400 millones de pesos.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Beckios, explicó que con un desafuero de la parlamentaria, el ente persecutor podrá avanzar en la formalización y la definición de sus respectivas medidas cautelares.
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La diputada deberá comparecer ante el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta a través de su defensa, en una audiencia en la que los ministros y ministras deberán resolver si se concede o no el desafuero.
Esto, luego de haber escuchado los argumentos del Ministerio Público y de la propia defensa. Recordemos que, cuando estalló el caso, la entonces diputada de Revolución Democrática (RD) hizo una conferencia de prensa en la que descartó cualquier injerencia en los convenios y apuntó a un aprovechamiento político.
“Las responsabilidades tienen que asumirlas quienes corresponden, los firmantes del acuerdo. Son hombres, adultos, exfuncionarios de la administración del Estado (…) Aquí hubo un error de criterio político grave y los responsables políticos que son los firmantes, don Carlos Contreras y Daniel Andrade tendrán que responder políticamente como corresponde”, señaló la parlamentaria en ese entonces.
Solicitud de desafuero por caso Democracia Viva
El abogado defensor de Pérez, Gonzalo Medina, aseguró que la solicitud de Fiscalía es injustificada, adelantando que será esta la instancia en la que lograrán demostrar la nula participación de la diputada en los hechos.
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Y si bien Catalina Pérez no ha sido formalizada, entre las diligencias encargadas por el fiscal Aguilar en su minuto estuvo el allanamiento de su domicilio, el 27 de junio de 2023.
La parlamentaria vive en la región Metropolitana, y en esa fecha compartía vivienda con su -ahora- expareja, Daniel Andrade, a quien buscaba la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. El objetivo era incautar documentación.
El abogado querellante en representación de la UDI, Pablo Toloza, valoró la solicitud de la Fiscalía asegurando que los antecedentes que se encuentran en la carpeta investigativa darían cuenta de la participación de Pérez en los delitos indagados.
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En el Ejecutivo evitaron pronunciarse al respecto, señalando que el Gobierno no comenta procesos judiciales, según el subsecretario del Interior, Luis Cordero.
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El vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC), celebró los avances en el proceso judicial, y dijo esperar que se presenten solicitudes del mismo tipo en contra de gobernadores regionales.
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La solicitud deberá ser resuelta por el tribunal de alzada de Antofagasta, aunque de momento no hay fecha fijada. En tanto, el plazo de investigación sigue vigente tras su última ampliación, siendo el cierre de la indagatoria a mediados de enero del 2025.