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La Contraloría General de la República publicó en el Diario Oficial la resolución que da vida a una nueva División de Función Pública, con el objetivo de mejorar la gestión de la información de los funcionarios públicos. El ente dirigido por Dorothy Pérez busca optimizar procesos y atender reclamos, enfocándose en el control de actos administrativos y la correcta aplicación de normativas. Se destaca la necesidad de modernizar la entidad a través de soluciones tecnológicas para cumplir eficientemente con sus funciones. En contraste, la gestión de Pérez ha sido cuestionada, como en el caso del dictamen sobre la "confianza legítima", que fue detenido por la Corte de Apelaciones de Santiago debido a sus polémicas implicaciones.

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Este jueves se publicó en el Diario Oficial la resolución de la Contraloría General de la República que crea una nueva División de Función Pública, buscando optimizar la gestión de la información de los funcionarios públicos.

Recordemos que el organismo que dirige Dorothy Pérez debe controlar la legalidad de los actos del Estado, es decir, corroborar que todo se realice apegado a la ley, así como también atender sus reclamos.

“A la Contraloría General le compete, entre otros, el control de los actos administrativos en materia de personal y de previsión social y la emisión de pronunciamientos sobre la correcta aplicación de la normativa relativa a funcionamiento de los servicios públicos”, señala el decreto.

En ese sentido, en el documento se resalta que la atención de reclamos de los funcionarios públicos se lleva a cabo, mayormente, en las Contralorías Regionales y del Departamento de Previsión Social y Personal.

Estas dependencias deben resolver un alto volumen de casos, cuyo número va en aumento año a año, advierte la Contraloría.

En esa línea, el organismo que dirige Dorothy Pérez enfatiza en que “se hace necesario innovar, estableciendo mecanismos que hagan más eficiente y eficaz la función de esta Entidad Fiscalizadora, respecto de los derechos de las personas funcionarias y aquellas que postulen a concursos públicos y procesos de selección, entre otras materias”.

“En tal sentido, se hace necesario actualizar e implementar soluciones tecnológicas que ayuden a optimizar los procesos para cumplir de mejor forma las funciones que la ley encomienda a esta Contraloría General en materias de personal, en el marco de las políticas de transformación digital del Estado, y contribuyendo a la modernización del Sector Público”, añaden.

“Teniendo presente el aumento sostenido de consultas, reclamos y actos administrativos sometidos al trámite de toma de razón, y con miras a facilitar el ejercicio eficiente y oportuno de las funciones del aludido departamento, velando asimismo por el buen uso de los recursos públicos, la transparencia y la calidad de la información, se hace necesario modernizar esa dependencia, fijándole una nueva estructura orgánica”, concluye.

Recordemos que la gestión de la contralora Dorothy Pérez ha estado marcada por una serie de cambios, como por ejemplo lo sucedido en diciembre de 2023, cuando en su primer día como subrogante, eliminó seis unidades, pidió la renuncia de algunos funcionarios y creó la División de Gobierno Regionales y Municipalidades.

Sin embargo, no todas sus iniciativas han sido exitosas. A inicios de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago dio un duro revés a la Contraloría al ordenar detener la aplicación del polémico dictamen sobre la “confianza legítima”.

Este dictamen había generado controversia al fijar el plazo para obtener la confianza legítima, en contraposición a los establecidos por la Corte Suprema en fallos anteriores.