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La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por la presunta vulneración de derechos de unos 305 niños en el desalojo de una toma en el Cerro Chuño. La institución denunció que las familias afectadas no fueron avisadas del desalojo y carecían de un plan de relocalización, lo que supondría una violación a los derechos a la integridad física y psíquica, así como a la igualdad ante la ley. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, atribuyó la situación a una falta de coordinación. Según el gobierno, el operativo se enmarcó en una estrategia contra el crimen organizado representado por Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua, que operaba en el Cerro Chuño. La subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, aseguró que se están tomando medidas protocolares tras el desalojo, indicando que por razones de seguridad no se informó con anticipación. La Defensoría señaló que al inicio del desalojo solo había dos albergues con 15 cupos cada uno, situación que no ha variado.

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La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica, en contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por la presunta vulneración de derechos a unos 300 niños en el desalojo de una toma en el Cerro Chuño.

La desocupación comenzó el 18 de noviembre. Ese mismo día, profesionales de la zona de la Defensoría habrían ido al lugar para confirmar, según afirma la misma institución en un comunicado de prensa, que las familias no habrían sido avisadas del desalojo. Así como también, que no existiría un plan de relocalización.

Al respecto, la Defensoría de la Niñez acusa en el recurso de protección, admitido por la corte, vulneraciones de los derechos de unos 305 niños, niñas y adolescentes.

Acción judicial que alude a omisiones legales y arbitrarias contra las garantías de los incisos primero y segundo del artículo 19 de la Constitución, es decir, contra el derecho a la integridad física y psíquica y garantía de igualdad ante la ley.

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Según acusa el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, esto habría ocurrido por una falta de descoordinación.

En el recurso presentado, la Defensoría asegura que la descoordinación habría sido tal que algunas familias estarían en situación de calle y, aquellas que estaban en albergues, no tendrían acceso a servicios sanitarios básicos, alimentación, agua potable, servicios médicos y psicológicos y sin una garantía efectiva de su derecho a la educación.

Desde el gobierno aseguran que fue un operativo parte de una estrategia contra el crimen organizado, por ser el Cerro Chuño un lugar de asentamiento de Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua.

Asimismo, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, aseguró que se están tomando las medidas protocolares necesarias posterior al desalojo.

La subsecretaría también aseguró que, por medidas de seguridad, algunos desalojos no pueden informarse con anterioridad.

Por su parte, la Defensoría asegura que cuando inició el desalojo, había solo dos albergues habilitados, de tan solo 15 cupos cada uno. Número de refugios que, aseguran, no ha cambiado hasta la fecha.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)