La discusión de la reforma al sistema notarial se reactivó al interior de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, en su tercer trámite legislativo.

Hablamos de un proyecto que se ingresó en septiembre de 2018, y que ha tenido una lenta discusión que, algunos comentan, “no es casualidad”.

Lo anterior, por el intenso “lobby” que ha ralentizado la tramitación.

Solo para contextualizar la situación: antes que ingresara el proyecto, un estudio de América Transparente constató que el 51% de los notarios, conservadores y archiveros mantenían algún tipo de lazo familiar con un funcionario o ex funcionario del Estado, desde seremis, alcaldes, ex ministros, ex subsecretarios, fiscales, miembros del Consejo de Defensa del Estado, parlamentarios y ministros de la Corte Suprema, entre otros.

Cargos con altas remuneraciones

Se trata de cargos que parecen ser vitalicios y con unas altísimas remuneraciones mensuales, que en el año 2018 alcanzaron los 14 millones mensuales en promedio.

Por lo tanto, esta reforma no se puede seguir postergando en el tiempo, a juicio del expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, quien aseguró que este tipo de cargos no pueden seguir siendo elegidos a dedo.

La reforma al sistema notarial contempla un nuevo procedimiento para nombrar a notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros, en el que participa la Alta Dirección Pública que seleccionará a los postulantes con base en sus méritos y la rendición de un examen.

Lo que sigue es que se entregará una terna con los mejores puntajes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien nominará a quien ocupará el cargo, aunque será algo automático, ya que quien tenga el mayor puntaje, debería ser nombrado. Con esto, el poder judicial queda fuera del proceso de nombramiento.

Apuestan por transparencia y probidad

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, comentó que este proyecto reduce las barreras de entrada, asegurando procesos de nombramiento objetivos.

Además, incorpora estándares de transparencia y probidad, y moderniza la actividad notarial, incorporando tecnologías.

Algo que se discutió en la Comisión de Constitución, son las inhabilidades en caso de parentesco.

El proyecto establece que quien se encuentre ligado por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, al Presidente de la República, ministros, integrantes de la Corte Suprema, o cortes de Apelaciones de Estado, fiscales, parlamentarios, entre otras autoridades.

El diputado Republicano, Luis Sánchez, comentó que el régimen de inhabilidades es apropiado, pero que se requieren más sesiones para estudiar la reforma en su totalidad.

Por otro lado, hay quienes se oponen a este régimen de inhabilidades, uno de ellos es el Abogado Administrativista y profesor de la facultad de derecho de la universidad de Chile, Julio Pallavicini, quien sostuvo que es una medida injusta, y es contraria al derecho a profesionales que quieren optar a cargos del sector público.

Otro aspecto que ha sido discutido es el plazo que tendrán los notarios, conservadores y archiveros para dejar el cargo. Son seis meses desde que entre en vigencia la ley y seis meses más para aquellos que tienen más de 75 años.

Proyecto limita edad máxima para ejercer cargo

Actualmente, se calcula que son más o menos 50 personas las que estarían en esta condición. Olimpia Schneider, notaria de Santiago, es un gran ejemplo, que tiene 94 años, y aún sigue cumpliendo funciones.

Este plazo, de un año, según el diputado socialista Leonardo Soto, es demasiado y debe ser modificado en la tramitación del proyecto.

Sólo durante 2015 a 2017, el notario promedio obtuvo rentas superiores o iguales a $14 millones mensuales, con notarios alcanzando los $24 millones en Santiago Centro.

Además, el 83% declaró no haber visto al notario en algún momento del trámite y que se pudo comprobar sistemáticamente que los precios cobrados son superiores a los establecidos en el arancel que rige la actividad notarial.