Alarmantes son las revelaciones que se encontraron en cinco de los diez recintos de salud auditados por la Contraloría General de la República con la finalidad de fiscalizar el proceso de destrucción de estupefacientes incautados por la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Gendarmería y las Fuerzas de Orden anualmente.

En concreto, el ente contralor reveló graves irregularidades, lo que incluye la recepción de sustancias después de hasta 288 días de su incautación, sobrepasando por lejos el límite de las 24 horas; y la quema de estas hasta 31 días después de su recepción, es decir, servicios de salud tuvieron hasta por un mes estupefacientes en su interior sin ser destruidos.

Además, se constató que existen dependencias que ni siquiera tienen las instalaciones apropiadas para conservar este tipo de sustancias decomisadas, por lo que deben ser apiladas en oficinas, estantes e incluso pasillos de los centros de salud donde transita y cumple labores el personal de dichas unidades. Esto se suma a la falta de herramientas pertinentes, como hornos capacitados para su destrucción.

Finalmente, por si fuera poco, una vez ya efectuada la eliminación las sustancias, hubo servicios de salud que demoraron 384 días en avisar a la Fiscalía, lo cual por norma debe hacerse dentro de los cinco días transcurridos desde la eliminación.

Las consecuencias del hallazgo

El expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Orthusteguy, detalló los alcances que puede traer esta falta de rigurosidad en el trato de estupefacientes, provocando un “problema de seguridad para los propios servicios de salud”.

Por otra parte, aunque para muchos esto haya resultado impresionante, al experto en criminalística y exPDI, Trevor Oyarzún, no le sorprendió el hallazgo de Contraloría. Por ello, sostuvo que es “muy beneficioso” que se hayan detectado estas irregularidades, ya que así se podrán “subsanar”·

Preocupación desde el Congreso

El impacto de este descubrimiento llegó hasta el Congreso. Desde allí, el diputado Jorge Alessandri de la UDI alertó sobre los posibles ilícitos que esto podría conllevar.

En cuanto a esto no hay cabida a discrepancias, y en ese sentido, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, describe cómo se erosiona el control del Estado, retrocediendo en los esfuerzos que se hace desde el mismo en materias de narcotráfico.

La situación preocupa a los legisladores, en un contexto de grave inseguridad pública donde es justamente el narcotráfico uno de los puntos de mayor impacto.

Mientras tanto, desde el Senado, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores (DC), ya adelantó que convocará a la Contralora General de la República y al Ministerio de Salud para que entreguen toda la información correspondiente a este tema.

Estas fueron solo las primeras repercusiones de un hallazgo que bien podría trascender a la revelación de ilícitos que se hayan dado en este contexto. De esta manera es el mismo Estado que, por falta de rigurosidad, abre la puerta a que la droga incautada por el trabajo que realizan junto a las policías, vuelva a las calles.