“Ustedes tienen que diferenciar lo que es una vocería política de una jurídica”.

Con esta frase, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desechó una autocrítica por imprecisiones en la denuncia contra el presidente Gabriel Boric por presunta difusión de imágenes íntimas.

En concreto, la secretaria de Estado fue consultada por su anterior vocería respecto a las tramas judiciales que pesan sobre La Moneda. Allí, en respuesta a “cómo el Gobierno se enteró de la denuncia contra el Mandatario”, Vallejo explicó que fueron los equipos de Presidencia quienes detectaron dicha denuncia.

Horas después de esa declaración, la Fiscalía de Magallanes abrió una investigación de oficio sobre un posible acceso indebido a los antecedentes de la causa, lo que pudo ser provocado por los dichos de la portavoz.

Así, el planteamiento después fue corregido por otras autoridades, que precisaron que las “pesquisas” fueron realizadas por los abogados particulares del Presidente, dejando en evidencia el enredo de versiones en el Gobierno.

En ese sentido, la ministra Vallejo le bajó el perfil a esta polémica, planteando que al ser una vocería política y no jurídica, a veces se producen ese tipo de diferencias que requieren posteriores precisiones.

¿Las formas importan en materia judicial?

Tras el enredo, La Radio le consultó al abogado penalista, Esteban Celis, si estos dichos tenían relevancia en materia judicial.

Al respecto, señaló que es necesario estar bien asesorado jurídicamente para no caer en este tipo de errores, más aún al ser una vocería política que se refirió a un asunto jurídico.

Finalmente, la vocera Camila Vallejo evitó profundizar a propósito de lo dicho por la ministra de La Mujer, Antonia Orellana, quien señaló que en el manejo del Gobierno sobre el caso Monsalve existe un aprendizaje evidente.