La Ley Corta de Isapres, que permitirá que las instituciones privadas devuelvan cobros excesivos en hasta 156 cuotas, ha traído múltiples reacciones en el mundo político.

Y es que aun cuando la iniciativa fue aprobada en mayo pasado en el Congreso, para algunos legisladores el acuerdo “humillaría” a los clientes que recibirán montos por debajo de los mil pesos.

Así, al menos lo planteó el senador Juan Luis Castro (PS), quien -aseguró- en ese entonces se restó del acuerdo que hoy en día le está generando un nuevo dolor de cabeza al Ejecutivo.

“Yo no me hice parte del acuerdo, porque vi que esto terminaba haciendo que las personas pagaran el desequilibrio de las Isapres. Fuimos minoría, 5 de 50. El tiempo nos terminó dando la razón. Aquí nadie se puede lavar las manos”, indicó en conversación con Radio Infinita.

Para el legislador, la determinación que tomaron las instituciones privadas es una provocación a sus clientes, ya que hay “gente con cartas formales de sus Isapres que dicen que les devuelven un peso, y que no puede ser por transferencia electrónica”.

Asimismo, el parlamentario socialista también emplazó a sus pares, ya que -en sus palabras- es indispensable que alguien tome razón de la modalidad que se utilizará para la devolución de los dineros que van desde los 380 pesos hasta los 69 millones de pesos.

“Yo pido que alguien se haga cargo de esa modalidad de devolución. Entre una mala voluntad de las Isapres y la superintendencia, que no pone un piso mínimo obligatorio. No se le puede dar a las Isapres 13 años para que paguen ¿Con qué criterio se aprobaron estas cosas?”, indicó Castro.

Agregando que “yo no pido que la superintendencia haga milagros, pero sí que haga justicia. No puede quedar la impresión de que esto fue un gran voladero de luces, en donde a la gente no le dan nada y solo reciben notificaciones de alza de precios”.

Senador Castro (PS) por Ley Corta de Isapres

Por último, el senador del PS fue enfático en recalcar que la responsabilidad de esta iniciativa no recae en el Ejecutivo, sino más bien en las propias Isapres que, en plena tramitación de la Ley Corta, amenazaron con un colapso.

“No había ninguna obligatoriedad, ninguna letra, ni ninguna línea de que este fallo se tenía que implementar a través de una ley. No es un problema de la obligación de tener que hacer una ley. Este fue un camino político legítimo, pero opinable”, argumentó.

“Durante toda la tramitación, las Isapres amenazaron con el colapso. Siempre fue así. Antes, durante y desepués de la tramitación de la Ley Corta. Había un escenario instalado por las mismas Isapres, respecto de su desequilibrio financiero”, cerró.