Tras el dictamen de la Contraloría que dispuso un nuevo criterio para la “confianza legítima” de los empleados del sector público, lo que generó la molestia de diferentes gremios, en el Congreso crece el respaldo al proyecto de ley que busca reducir ese requisito.

Fue el pasado 8 de noviembre que la contralora Dorothy Pérez estableció que la confianza legítima de los trabajadores del sector debe quedar en manos de los tribunales de justicia, y que esta comenzará a operar a partir de los cinco años de contrato, por lo que si un empleado es desvinculado antes de cumplir este período, no podrá apelar a que hubo un actuar ilegal o arbitrario.

Frente a esto, ayer la comisión de Trabajo de la Cámara aprobó en general el proyecto de ley que reduce ese requerimiento a los dos años de contrato.

El diputado socialista, Leonardo Soto, autor de esta iniciativa, comentó que este proyecto viene a resolver un vacío legal.

“Hoy día va a haber libre despido y lo digo con todas sus letras, en cualquier momento, para todos los funcionarios a contrata de toda la administración pública (…)”, precisó el parlamentario.

El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, pidió agilizar la tramitación de este proyecto, aunque admitió que se debe definir claramente lo que es “confianza legítima”.

“(…) Yo creo que hay que cambiar el concepto o la palabra, o buscar una forma de que el trabajador tenga una certeza jurídica hacia adelante”, indicó el legislador.

Helmuth Griott, vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, destacó que este proyecto podría ayudar a evitar procesos de judicialización.

Para las próximas sesiones, los diputados de la comisión de Trabajo solicitaron la presencia del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y de la contralora Dorothy Pérez.