La aprobación de la Ley Corta de Isapres comienza a generar más de un dolor de cabeza para el Ejecutivo.
Y es que luego que las aseguradoras notificaran a los usuarios los métodos de devolución, se han generado una serie de cuestionamientos en torno a los montos que mes a mes recibirán los afiliados.
En concreto, algunas devoluciones de excedentes se harían en hasta 156 cuotas, con montos mensuales -incluso- por debajo de los 1000 pesos, lo que provocó el reclamo de los clientes.
El origen del problema y la reacción de Ejecutivo
Recordemos que fue en mayo de este año que en el Congreso se aprobó la Ley Corta de Isapres, la que obligaba a las instituciones privadas a devolver los montos cobrados en exceso a raíz de la tabla de factores.
Según la Superintendencia de Salud, más de 700 mil afiliados deberán recibir estos montos, y los dineros van desde los 380 pesos hasta los 69 millones de pesos.
De momento sonaba bien, sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el superintendente de Salud, Víctor Torres.
Muchos usuarios consideraron una burla el monto que les devolverán mensualmente y la polémica empezó a crecer con el pasar de las horas. Por ello, Torres salió a defenderse en entrevista con TVN, donde señaló que “era aún peor el escenario si no hubiera existido la Ley”.
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas que emplazaban al Ejecutivo a hacerse cargo de la situación.
Así, se eximió de responsabilidad, señalando que “lo que se presentó no es la propuesta original del Gobierno. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo que solicitaba el Parlamento respecto a los plazos. Ahí está el resultado de la legislación”.
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La discusión en el Congreso
Ahora, desde el Congreso, fue la senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien abrió el debate en torno a qué hacer respecto a la situación.
En conversación con radio Universo, la legisladora fue consultada por la polémica que se abrió en torno a los montos a devolver. En ese sentido, señaló que es partidaria de realizar una norma interpretativa para rallarle la cancha a las aseguradoras privadas.
De ahí en más, las críticas hacia el Ejecutivo y al superintendente Víctor Torres vinieron tanto del oficialismo como de la oposición.
Por ejemplo, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), apuntó directamente a la Superintendencia de Salud y sostuvo que el Gobierno es quien debe hacerse cargo.
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Así, el senador oficialista se desmarcó del Gobierno, cuadrándose con sus pares de oposición de la misma instancia legislativa que han puesto énfasis en que ellos, desde un principio, no estaban de acuerdo con la Ley Corta de Isapres, y que fue el Gobierno quien decidió igualmente llevarla a cabo ante el Tribunal Constitucional.
Desde algunos sectores señalan que el Gobierno utilizó la Ley Corta como una estrategia comunicacional y que sobreponderó las expectativas en torno a las devoluciones hacia los usuarios. Así lo expresó el senador de la UDI, Javier Macaya.
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En la misma línea y en contraposición a los argumentos de la ministra Vallejo, el senador Francisco Chahuán (RN) dijo que fue el mismo TC el que dijo que el único que tenía poder de decisión en seguridad social era el Ejecutivo.
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Pero los cuestionamientos no cayeron solo sobre el Gobierno. También hubo críticas hacia las aseguradoras. El diputado Jaime Naranjo, tildó a las empresas de sinvergüenzas.
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Finalmente, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, hizo hincapié en que las indicaciones de la ley eran de iniciativa exclusiva del presidente, señalando que estaban de acuerdo con buscar soluciones, pero que, antes, es necesario que el Gobierno asuma su responsabilidad.
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¿Qué hacer con la Ley Corta?
Mientras todos los dardos apuntan al Gobierno, ahora los parlamentarios están buscando opciones para resolver qué hacer ante esta situación.
La idea de la senadora Vodanovic es una opción con el fin de respetar -como dijo- el “espíritu” de la Ley. Otros señalan que frente a esta situación y, para no hacer colapsar el sistema de las isapres, la única salida sería una reforma al sistema de salud.
Pero otra pregunta que ronda en el Congreso es: ¿Por qué el superintendente Torres aprobó estos planes de pago?